Un informe alertó que la inflación y la recesión económica debilitaron al máximo a la canasta básica de alimentos en barrios populares, en donde incluso el aumento de la ayuda directa que el Gobierno le asigna a las personas sin ingresos formales y en crisis de vulnerabilidad -únicas herramientas de las políticas sociales que le ganaron al Índice de Precios al Consumidor (IPC)- no fue suficiente para “parar la olla”. La investigación arrojó que, desde noviembre de 2023 a julio pasado, hacer un guiso costó 151% más caro, lo que no pudo ser compensado por el incremento de la Tarjeta Alimentar, ya que de los 74 platos que se podían cocinar a fin del año pasado, hoy sólo alcanza para 54.
El “informe sobre el desmantelamiento de políticas agroalimentarias en los primeros meses del gobierno de Milei”, realizado por la Fundación Rosa Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron que el plan de ajuste del Gobierno que provocó la caída de la actividad económica, el aumento del desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos provocó que sea “cada vez más difícil comer bien”. “Identificamos tres tendencias generales: el refuerzo en la concentración del sistema agroalimentario argentino, la eliminación de toda política de apoyo a la Agricultura Familiar Campesina Indígena (ACFI), y el abandono del Estado en la asistencia alimentaria”, señaló.
“El costo de preparar un guiso aumentó un 151% entre noviembre de 2023 y julio de 2024. Con el Salario Mínimo Vital y Móvil o una jubilación mínima en julio, es posible preparar un 27% menos de porciones. Tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento del 147% en el gasto; solo la leche en polvo aumentó un 166% en el mismo período”, aseguró el informe, en donde se destacó que en este mismo proceso “las empresas alimentarias incrementaron sus ganancias en un 1.300% y el complejo exportador de granos, un 4.900%”.
Concentración de la oferta y eliminación de ayuda a productores
“Relevamos 111 medidas del gobierno de Javier Milei que afectan negativamente el derecho a la alimentación. A este conjunto de políticas, hay que contextualizar que se tomaron en medio de un ajuste brutal, con devaluación de la moneda, con cientos de despidos, que tienen correlación con el incremento de la pobreza y caída de la actividad económica”, afirmó Federico Orchani, integrante del equipo de Tierra, Vivienda y Justicia Económica del CELS, en diálogo con PERFIL.
Según el informe, entre noviembre y julio, los precios de los alimentos aumentaron un 128%. Y la Argentina lidera el ranking de inflación nominal en alimentos según el Banco Mundial. Sin embargo, Orchani alertó que, “en términos de producción, consumo y acceso comunitario, hubo un desmantelamiento de la institucionalidad de la agricultura familiar, que son los que producen los alimentos frescos que se consumen”, lo que provocó que “un efecto concreto en los productores, como también en términos de consumo, cada vez que quitó de los supermercados los controles de precios y la garantía de presencia diversa de productos a través de la Ley de Góndolas”.
En términos de producción de alimentos, las medidas adoptadas “favorecieron principalmente la promoción de la actividad agropecuaria, agroindustrial y minera para la exportación de commodities, junto con la desregulación de las economías regionales”. En ese marco es que el Gobierno tomó medidas para desregular el mercado alimentario y “desproteger a los consumidores”. “Entre noviembre de 2023 y julio de 2024 los precios al consumidor aumentaron un 111%. Sin embargo, la participación del productor en el precio final pasó de un 12% en marzo de 2023 a entre un 5% y un 8% en junio de 2024”, denunció el informe.
Los aumentos de la AUH y Alimentar no alcanzaron
En el relevamiento, del que también participó un grupo de investigación de la Facultad de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), se señaló que “se reforzaron presupuestariamente las políticas asistenciales de transferencia directa para grupos específicos”, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y el Programa de los 1000 días. Pero reveló que “el aumento de los niveles de pobreza e indigencia durante el primer semestre de 2024 muestran que este refuerzo de ingresos, sin embargo, fue insuficiente para neutralizar el efecto de la recesión económica”.
Las consecuencias de la crisis alimentaria golpearon a las organizaciones sociales que tienen presencia en el territorio, en momentos en donde la crisis social aumenta por el achique de la actividad económica. “Estos cambios ya están provocando el cierre y debilitamiento de comedores y huertas comunitarias, que han reducido la cantidad de comidas, días y calidad nutricional ofrecida. Además, han dejado de recibir semillas y apoyo técnico, amenazando así las iniciativas de reconstrucción del tejido social que se articulan en estos espacios”, destacó el informe.
Existe otro costado de la recesión no cubierto con las asignaciones directas. La caída del consumo y el aumento del desempleo achicó el negocio del reciclado urbano, redujo las changas que complementaban con ingresos no registrados a la ayuda del Estado e incrementó la oferta de la informalidad.
Además, Orchanti alertó por la “campaña de desprestigio” contra las organizaciones sociales pegó en el imaginario social: “Hay comedores no dan abasto, porque hay más necesidades y porque otros cierran, porque en la televisión dicen todo el tiempo que son ladrones o los gerentes de la pobreza. Hay que ver hasta cuándo se sostiene ese discurso, porque hay sectores que están saliendo a la calle, porque el dato de la economía real es lo que está pasando”.
Fuente Perfil
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