El colectivo de discapacidad vuelve a estar en estado de alerta máxima tras conocerse los detalles del proyecto del Presupuesto 2027. En declaraciones a Radio Exclusiva, la prestadora Valeria Morales denunció que la situación actual es crítica y responde a una continuidad de ajustes aplicados tanto por la gestión actual como por los gobiernos precedentes.
Uno de los puntos centrales de preocupación radica en la falta de garantías en el cumplimiento de la Ley de Emergencia de Discapacidad (N.º 27.793), cuya prórroga aún se encuentra demorada en el Congreso. Según explicó Morales, las modificaciones presupuestarias reinstauran la incompatibilidad entre el cobro de la pensión por discapacidad y el acceso a un empleo registrado. Con esta medida, los beneficiarios que desempeñan tareas en el sector formal —muchas veces con salarios mínimos que no alcanzan para subsistir— deberán optar por una de las dos entradas de ingresos, exponiéndose a perder ambas y a tener que realizar nuevamente complejos trámites de ratificación presencial ante la ANSES.
Por otro lado, la prestadora señaló el impacto directo que sufrirán los profesionales del sector con la modificación de los artículos 39 y 41 del proyecto, los cuales eliminan el nomenclador único y obligatorio regulado por la Superintendencia de Servicios de Salud. La quita de este sistema unificado deja a los prestadores sin un piso tarifario de referencia, precarizando aún más sus honorarios. Como muestra del desfasaje económico que enfrentan, Morales precisó que en agosto recibieron un aumento del 2,10 %, lo que elevó la prestación de $479.000 (en julio) a $489.000, monto que recién cobrarán entre octubre y noviembre.
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