Comenzó el juicio por los cuadernos de las coimas: el mayor caso de corrupción de la historia argentina

El juicio a los cuadernos de las coimas comenzó hoy jueves en el Tribunal Oral Federal N°7. La expectativa es notable: por la entidad de sus acusados, por la cantidad de sus acusados, que representan a lo más alto del poder político y el poder empresarial, por la cantidad de pruebas y confesiones presentadas, se trata del mayor caso de corrupción de la historia argentina.

Alcanza con ver los números y la lista de imputados para comprender esta afirmación. Del lado de la política, se encuentran figuras como Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Roberto Baratta, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi, el financista Ernesto Clarens, el remisero Oscar Centeno, acusados de integrar una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas que operó, supuestamente, entre 2003 y 2015.

La lista kirchnerista continúa con Nelson Lazarte, secretario de Roberto Baratta, Claudio Uberti, ex titular del OCCOVI, José Olazagasti, secretario de De Vido, José López, ex secretario de Obras Públicas, Rudy Ulloa, empresario y ex chofer de Néstor Kirchner. Otros ex funcionaros como Walter Fagyas y Juan Manuel Abal Medina, que intentaror lograr sus sobreseimientos con ofertas de dinero, serán juzgados por imputaciones

Del lado del capital, empresarios como Aldo Benito Roggio, Ángelo Calcaterra, Armando Loson, Enrique Menotti Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, de la multinacional Isolux, acusados de pagar esas coimas para engrasar a su favor la máquina de la obra pública.

Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción -entre 2004 y 2012- y presidente del directorio de la empresa constructora ESUCO S.A, se encuentra de los dos lados del mostrador, acusado de ser un organizador de la asociación ilícita, complicado fuertemente por el testimonio de Ernesto Clarens.

Los números y la agenda

Hay, en el proceso, 87 imputados, con 19 ex funcionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios. Hay, también, 626 testigos propuestos, entre ellos, Hilda Horovitz, la ex mujer del chofer Centeno -que destapó el caso en noviembre de 2017, seis meses antes de su explosión, cuando mencionó los cuadernos en la causa Gas Licuado-, la ex empleada presidencial Miriam Quiroga y el también remisero Jorge Bacigalupo, que entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot.

El Tribunal está integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, con Néstor Costabel como magistrado suplente. La acusación será llevada adelante por la fiscal Fabiana León junto al fiscal coayuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares fiscales Guido Ambrosio y Claudio Nimis. El fiscal federal Paul Starc estará a cargo de la querella de la Unidad de Información Financiera, organismo del que es titular y que en el pasado aportó informes clave en los expedientes investigados.

Así, todos se harán presentes en el proceso vía Zoom; no existe una sala judicial en la Argentina lo suficientemente grande como para este proceso, si se cuentan uno o dos abogados por cada imputado.

Durante el primer mes del proceso, al menos en lo que respecta a las audiencias programadas hasta el 4 de diciembre, las audiencias serán transmitidas por el canal de YouTube de la Corte Suprema, tal como confirmó el Tribunal N°7.

Durante ese plazo, “se procederá a dar lectura de los requerimientos de elevación a juicio formulados en la causa de referencia y sus conexas”, aseveró el Tribunal en un escrito reciente. Es decir, presentaciones e imputaciones.

Luego, ya sin una transmisión oficial, el juicio seguirá por Zoom con las indagatorias a los acusados, si es que desean responder. La agenda de testigos aún no fue definida.

La imputación y los arrepentidos

Cuatro expedientes serán juzgados en el proceso. Se trata del principal del caso Cuadernos, el número 9608/2018, junto a otras tres causas paralelas, que investigan supuestos delitos como la cartelización de la obra pública. El megaexpediente por el lavado del dinero de los cuadernos todavía espera su elevación definitiva a juicio, con Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, como principal procesada, con un daño estimado de 70 millones de dólares en propiedades compradas en Miami y New York y luego vendidas.

Las acusaciones para los imputados políticos se engloban principalmente, en la pertenencia a la asociación ilícita en diferentes grados, así como el cobro de coimas, cohecho pasivo y admisión de dádivas. Para los empresarios, cohecho activo, pagar las coimas.

CFK, por ejemplo, se encuentra imputada como “jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo”, asegura un reciente documento de la Procuración, publicado en el sitio Fiscales.

Julio De Vido, como “organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos y coautor de una admisión de dádivas”. Roberto Baratta va a juicio como “organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos, autor de 8 admisión de dádivas y coautor de una admisión de dádivas». Centeno, su chofer, irá a juicio como miembro de esa asociación ilícita, acusado, básicamente, por no denunciar.

Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri -presidente en ejercicio cuando explotó el caso-, accionista de las firmas ODS y IECSA, está imputado como autor de 16 cohechos activos y coautor de cuatro cohechos activos.

Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S.A. y titular de Metrovías S.A., que controló los subtes de CABA y el Ferrocarril Urquiza entre 2003 y 2009, el período crítico del caso Cuadernos -que aseguró que regateó los pedidos de coimas- fue acusado como autor de tres cohechos activos y coautor de doce cohechos activos.

Enrique Menotti Pescarmona, hoy de 83 años, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, es el supuesto autor de trece cohechos activos.

Armando Roberto Loson, hoy de 78 años, presidente del Grupo Albanesi, será enjuiciado por diez cohechos activos.

Estos cuatro empresarios, junto con figuras políticas como José López y Claudio Uberti, integran la lista de 20 imputados colaboradores que suscribieron al acuerdo que indica la Ley 27340, que prevee beneficios en términos de reducción de condena para aquellos arrepentidos que colaboren con la Justicia.

La condena para un jefe u organizador de asociación ilícita escala a un mínimo de cinco años. Una por el delito de cohecho activo puede variar de uno a seis años. La reducción de penas en el caso Cuadernos, de cara a esta realidad, podría ser notable.