El Gobierno avanza en la designación de los jueces de la Corte Suprema por decreto

A menos que surja algún imprevisto de último momento, como ya se manifestaron en otras oportunidades, el gobierno de Javier Milei ya definió la designación de los dos candidatos a la Corte Suprema por decreto, que podría concretarse en las próximas horas.

Se trata de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los dos postulantes impulsados por el Ejecutivo y enviados al Senado en mayo pasado. El Gobierno tiene tiempo hasta el sábado, cuando el presidente inaugure el período de sesiones ordinarias del Congreso, para nombrarlos bajo esa modalidad prevista por la constitución. Ayer, incluso, hubo versiones, tanto en Casa Rosada como en usinas judiciales, de que el decreto ya estaba a la firma de Milei y que podía ser oficializado de un momento a otro.

Fue, por caso, la resolución a la que apeló el ex presidente Mauricio Macri cuando designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti a solo cuatro días de asumir la Presidencia, el 14 de diciembre del 2015, mediante el decreto 83, 72 horas después de que se hiciera efectiva la renuncia de Carlos Fayt al máximo tribunal, que sumada a la de Raúl Zaffaroni de un año antes había dejado a la Corte con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco como sus únicos miembros.

Una integración de tres, como en la actualidad. De todos modos, tras críticas de la oposición a las que Macri era mucho más permeable que la actual gestión, Rosenkrantz y Rosatti esperaron para tener el aval del Senado y recién ahí jurar en la Corte.

La Libertad Avanza eligió primero el camino inverso -el consultor Santiago Caputo fomentó y trajinó el plan-, pero hasta el momento no tuvo éxito: intentó durante un semestre reunir los dos tercios necesarios del Senado para aprobar los pliegos de ambos postulantes, en particular el de Lijo, que reunió un amplio consenso de buena parte de los gobernadores. Ahora, Milei y los colaboradores que trabajaron en el tema se convencieron de que las negociaciones con el PJ y, en especial, con el kirchnerismo no llegaban a buen puerto. Y que este año, con elecciones de por medio, tampoco pareciera ser el momento propicio para avanzar en la Cámara alta.

En estos meses, el Gobierno negoció de manera simultánea con la oposición dialoguista y con el peronismo K para tratar de que el juez federal de la capital reuniera los dos tercios del Senado para ser designado en la Corte. Lijo, de hecho, obtuvo dictamen de mayoría, y la Casa Rosada intentó hasta último momento llevarlo al recinto. La última vez, el pasado viernes. Pero la polémica en torno a la fallida promoción de $LIBRA que sacudió al presidente y a su entorno más íntimo, volvió a tensar la relación con la oposición.

Ayer, sin ir más lejos, el jefe de la bancada del peronismo en el Senado, José Mayans, que responde al gobernador Gildo Insfrán y se referencia en Cristina Kirchner, anunció en la puerta del PJ nacional, en la previa de la reunión partidaria encabezada por la ex presidenta, que el bloque de Unión por la Patria no se presentará este sábado en la apertura de sesiones ordinarias, en la asamblea legislativa en la que hablará Milei.

Hasta la semana pasada, sin embargo, en el Gobierno todavía dejaban una luz de optimismo en que el pliego de Lijo podía obtener luz verde del Senado. No así el del académico García-Mansilla, que ni siquiera tuvo dictamen de comisión y por el que, a pesar de la afinidad ideológica, la Casa Rosada trabajó con escasísima motivación para reunir el consenso parlamentario.

“Depende de Cristina”, respondieron la semana pasada desde el Ejecutivo cuando este medio preguntó por la suerte del pliego del juez federal que, en teoría, contaba con el aval de la ex presidenta y de los legisladores de ese sector -ahora suman 34 tras la expulsión de Edgardo Kueider y la asunción de Stefanía Cora, la entrerriana de La Cámpora que completará su mandato-. En la previa de la sesión, la ex jefa de Estado mandó a avisar que no daría quórum y que tampoco ordenaría votar a los senadores que le responden -ninguno de ellos, por caso, votó favorablemente por la suspensión de las PASO-.

En el caso de Lijo, varios gobernadores peronistas, con Gerardo Zamora a la cabeza, le hicieron saber a Cristina Kirchner que veían con muy buenos ojos la designación del juez.

Para la Casa Rosada, las señales enviadas por el PRO tampoco fueron homogéneas. Porque mientras el gobernador Ignacio Torres, de Chubut, avisó que avalaría el pliego, y su colega Rogelio Frigerio se mantuvo prescindente en la esfera pública, Macri sí presionó en el bloque para rechazar al magistrado. Incluso llamó a alguno de esos gobernadores para intentar meter presión. En el caso de Torres, no tuvo éxito. La misma decisión tomó, de manera sorpresiva, Horacio Rodríguez Larreta, que todavía tiene muchísima injerencia sobre Guadalupe Tagliaferri.

Pero más allá del posicionamiento partidario de los distintos bloques y de la decisión del gobierno, Lijo también habría cambiado su postura en los últimos días y habría avalado ser designado por el presidente en comisión. Tanto en tribunales como en el Ejecutivo reconocen el desgaste lógico del proceso. “La moneda está en el aire”, reconocieron la semana pasada en los pasillos de Comodoro Py. Fuentes de la administración libertaria abundaron, además, en la crisis del caso $LIBRA y en el impacto en el gobierno, aunque hay otras fuentes que creen que esa crisis empezó a quedar atrás y que la diversidad de temas de las últimas horas en danza en la agenda pública podrían impulsar a Milei a publicar el decreto antes del inicio de sesiones del sábado. Por ejemplo, el revuelo por la abstención del gobierno en la ONU respecto de la invasión rusa en Ucrania o la flamante venta de Telefónica de su filiar argentina a Telecom, una operación en torno a los 1.245 millones de dólares. Objetada, con muchísimo énfasis, por Milei a través de un comunicado de la Oficina del Presidente y por una avalancha de críticas desde las redes libertarias.