BUENOS AIRES — En una jornada de intensas negociaciones legislativas, el bloque oficialista resolvió retirar del debate en la Cámara de Senadores el capítulo relativo a la modificación de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La decisión se tomó luego de comprobar que no contaban con los apoyos necesarios para aprobar la desregulación en el Congreso.
El proyecto, impulsado desde el Poder Ejecutivo, buscaba eliminar o flexibilizar las restricciones vigentes que limitan la adquisición de tierras argentinas por parte de personas o empresas extranjeras (actualmente topeado en un 15% del territorio nacional y por municipio). Sin embargo, la propuesta generó un fuerte rechazo que terminó fracturando los acuerdos con bloques aliados e independientes.
Las claves de la marcha atrás
- Resistencia en las provincias: Varios gobernadores y senadores de provincias clave —especialmente de las regiones patagónica y del NOA— advirtieron que votarían en contra. La preocupación por la soberanía en zonas de frontera y el acceso a cuencas hídricas fue determinante.
- Presión social y sectorial: El intento de derogar o modificar la norma impulsó pronunciamientos de organizaciones ambientalistas, pequeños productores agrícolas y movilizaciones hacia el Congreso.
- Estrategia parlamentaria: Para no poner en riesgo la totalidad del paquete normativo de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», la conducción del bloque oficialista optó por cercenar el capítulo de la Ley de Tierras y sostener únicamente el resto del articulado en la agenda.

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