En medio de una pulseada entre la Casa Rosada y las universidades públicas, el gobierno de Javier Milei logró que la Cámara de Diputados apoyara su veto a la Ley de Financiamiento Universitario en una votación donde los gobernadores y la división del arco opositor fueron clave.
Con la ayuda del PRO, un puñado de radicales y gobernadores, el oficialismo reunió 85 votos y con ello bloqueó la posibilidad de que la oposición alcanzara los dos tercios para insistir con la ley y rechazar el veto. Juntaron 159 votos y necesitan 166. En tanto, hubo cinco abstenciones que fueron clave, la mayoría de ellas de los diputados misioneros. Para terminar de blindar al oficialismo, también votó el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Mientras esto ocurría en el Congreso, en los alrededores se encontraban estudiantes y partidos de izquierda que comenzaron a cantar «la patria no se vende» y presionaron el vallado que dispuso la policía para resguardar el edificio.
Los sectores de estudiantes universitarios se retiraron luego de conocer el resultado de la votación. Los más exaltados que permanecieron en la plaza fueron los militantes de distintas agrupaciones de izquierda. También los jubilados, que realizan todos los miércoles una ronda en el Congreso.
En ese contexto, los gremios docentes anunciaron un paro total en todas las universidades del país para este jueves. La medida fue comunicada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que llamó a consolidar el plan de lucha en defensa del presupuesto para las casas de altos estudios y en defensa del salario.
«La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirrepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores, por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública«, señala el texto difundido por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, difundido en redes sociales minutos después de que Diputados ratificara el veto de Milei a la Ley de Financiamiento.
La ambiciosa reforma educativa a la que apunta Javier Milei
Pero esto es solo una parte de lo que está ocurriendo en el sector de la educación. El gobierno de Javier Milei va a fondo con una amplia reforma educativa, que tiene entre sus elementos más controvertidos el fin de la gratuidad para estudiantes «extranjeros no residentes» en el país y plantea un modelo de educación «híbrida» o «a distancia» en el nivel inicial y secundario.
«Lo que propone el proyecto es que habiliten una inscripción con pasaporte de alguien que viene de afuera y que esa persona pague un arancel por la formación que vaya a tomar», explicaron a iProfesional fuentes oficiales, al tiempo indicaron que actualmente las universidades exigen el DNI para anotarse a cursar cualquier carrera.
La iniciativa, que abriría la puerta al arancelamiento de las carreras de grado en las universidades públicas para extranjeros no residentes, toma de referencia un capítulo de la Ley Bases que, en su momento, había trabajado el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger en conjunto con la cartera de Capital Humano.
«En ese proyecto se incluye la modificación de un artículo que habilitaría a que las universidades puedan arancelar a extranjeros no residentes«, puntualizaron a este portal fuentes gubernamentales.
La presentación de las reformas para las casas de altos estudios aún no tienen fecha de publicación, pero están siendo trabajadas por el secretario de Educación, Carlos Torrendell junto a Sturzenegger, quienes también se encuentran proyectando cambios a nivel de las escuelas primarias, secundarias y técnicas.
En ese marco, es importante destacar que la cuestión de los estudiantes extranjeros en el sistema universitario está regulada por dos leyes: la de Migraciones aprobada en el 2003 y reglamentada en 2004, y la Ley de Educación Superior.
Por esta razón, si el Ejecutivo nacional decide avanzar en este sentido, deberá modificar esas normas a través del envío al Congreso de la Nación de una propuesta para cambiar -parcialmente- las regulaciones que ordenan la participación de los extranjeros no residentes.
¿Qué otros niveles educativos piensa reformar el Gobierno?
En el gobierno libertario ya empezaron a diagramar un plan de reforma que incluye a todos los niveles educativos. Según el borrador, al que tuvo acceso iProfesional de fuentes oficiales, la administración liberal se encuentra delineando un plan para realizar cambios que abarcan no solo a las casas de altos estudios, sino también en la educación primaria, secundaria y técnica.
En estos niveles, se destaca la incorporación de un «examen al finalizar la educación secundaria para fortalecer la política de evaluación Aprender» y la liberación de las «restricciones a la educación a distancia para el nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria».
También se buscará «incentivar» a las instituciones escolares a la «recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y OSC». A su vez, las transformaciones que prevé el Ejecutivo apuntan a «garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico» y la realización de una «evaluación a docentes en un período no mayor a 4 años».
En cuanto a la educación técnica, el gobierno libertario está pensando en establecer una extensión de la cursada «equivalente o máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción». Con relación al nivel de enseñanza universitario, se buscará la determinación de «principios básicos para la asignación de recursos» a las casas de altos estudios e implementación de «cursos de nivelación o exámenes de ingreso» que no tengan «un carácter selectivo excluyente».
Además, el Gobierno planea la realización de «evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros 6 años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas)», que deberían repetirse «cada 10 años».
En tanto, también está en análisis el ya mencionado cobro de aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes en las universidades. Este es uno de los tópicos más polémicos de las reformas que plantea el Ejecutivo, ya que podría ser la puerta de entrada a una eventual eliminación de la gratuidad universitaria.
¿Qué piensa la Casa Rosada sobre el arancelamiento?
En la previa de la segunda marcha masiva en contra del veto de Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno amenazó con la posibilidad de impulsar un proyecto de ley para establecer el fin del ingreso irrestricto de estudiantes y el arancelamiento de las universidades públicas.
«Nuestro objetivo final es ir a un sistema en el que la universidad sea arancelada, es algo que Milei lo dijo mil veces en la campaña», enfatizaron a iProfesional fuentes oficiales.
Desde los pasillos de la Casa de Gobierno reconocieron que «el arancelamiento no se va a poder hacer de la noche a la mañana, ya que se necesita de una ley del Congreso y hoy los números no están, pero es un plan a largo plazo».
«Que todavía no se haya implementado, no quiere decir que nunca lo vayamos a hacer. Todos saben que las universidades se usan para hacer política y eso no puede seguir así. Un ámbito educativo no se puede transformar en un aguantadero», resaltó a este portal desde las usinas libertarias.
Con este objetivo en el horizonte, la pelea entre el gobierno libertario y las universidades no parece tener un final a corto plazo. Asimismo, está por verse cómo afrontarán los cambios los niveles primarios y secundarios, en caso de que el Gobierno decida abrir también ese frente de conflicto.
Fuente IProfesional
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