La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por el caso de la imprenta Ciccone Calcográfica con el simple mecanismo de rechazar los recursos. El máximo tribunal aplicó lo que se conoce como el artículo 280 del Código Civil y Comercial, una especie de facultad monárquica que le permite a la Corte rechazar sin dar explicaciones. Pese a que se trata de un caso de suma importancia, entre otras cosas porque fue condenado un exvicepresidente y exministro de Economía, los supremos no se dignaron a ver lo ocurrido, no emitieron opinión sobre la existencia o inexistencia de delito o sobre las gravísimas irregularidades del expediente: simplemente rechazaron. En el marco de su ya tradicional modalidad de persecución política, los grandes medios insisten desde hace 48 horas en que quieren que a Amado Boudou se le revoque la prisión domiciliaria y que vuelva a la cárcel. No es automático, requerirá del planteo de una fiscal y la resolución de un juez.
Boudou y los demás imputados -el amigo del exvicepresidente José María Nuñez Carmona; el exdueño de la imprenta, Nicolas Ciccone; el “arrepentido” Alejandro Vandenbroele, el exfuncionario de la AFIP, Rafael Bresnick Brenner y el exjefe de gabinete de Economía, Guido Forcieri- apelaron ante la Corte por sus respectivas condenas. En el caso concreto de Boudou se le impusieron cinco años y diez meses por negociaciones incompatibles con la función pública y por cohecho pasivo, que significa recibir coimas. Este último delito fue el decisivo: los jueces sostuvieron, que para rescatar la imprenta, que estaba quebrada, Boudou recibió como coima el 70 por ciento de las acciones de la calcográfica.
En «Nada que ver» dialogamos con el abogado penalista, el Dr. Diego Lindow y nos explicó cuál es su situación:
«Ha transitado durante muchos años y muchas instancias, un proceso que no podemos deslegitimar y decir que todo es político, porque esto viene transitando por muchas instancias procesales donde han intervenido distintos jueces, distintos fiscales…» expresó Lindow.
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