El gobierno de Javier Milei derogó la ley de emergencia territorial indígena 26.160, que suspendía los desalojos de todas las comunidades hasta que se completara el relevamiento de sus tierras ancestrales. En el decreto el gobierno reconoce que hay más de 250 conflictos territoriales, pero opta por dejar desprotegidos a los pueblos originarios para favorecer a “los legítimos propietarios”.
El Dr. Juan Guiscafré Valdéz, abogado del MOCASE, declaró en este medio «Esta ley, suspendía el desalojo de las comunidades indígenas». «Era algo que veíamos venir, por el signo político del presidente». «No deja de generar preocupación en las comunidades, el MOCASE aquí en Santiago tiene a diversos pueblos originarios».
«Todo esto afecta directamente a las comunidades indígenas. Además, es una cuestión complicada de analizar desde el punto de vista jurídico».
«Esta ley fue drogada por DNU, hay otra cuestión que ya es política-legislativa y esto debe dirimirse en el Congreso de la Nación».
«En este contexto nacional, es muy difícil avizorar alguna estrategia jurídica», sentenció.
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