La Justicia Federal de Santiago del Estero dictó un fallo que obliga al Estado Nacional a restituir de manera inmediata las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas o dadas de baja en la provincia. La medida cautelar se logró a partir de un recurso de amparo presentado por asociaciones vinculadas a la discapacidad, con el patrocinio de la Defensoría del Pueblo provincial.
El defensor del pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa, confirmó la noticia y manifestó su satisfacción por la resolución judicial. En diálogo con la prensa, Escobar Correa detalló que la presentación judicial fue necesaria para «tutelar» a un sector de la población que, en muchos casos, fue notificado de la baja de sus pensiones con «total falta de sensibilidad» o incluso, sin notificación previa.
»La verdad que nos llama muchísimo a la reflexión y a la necesidad de poder acudir con los remedios legales que podamos tener a nuestro alcance ante la tamaña injusticia,» expresó el Defensor, al referirse al contexto de ajuste que impacta en las personas más vulnerables.
Urgencia y Vulnerabilidad
El Dr. Escobar Correa hizo hincapié en la gravedad de la situación, señalando que el ingreso por estas pensiones es vital para cubrir medicamentos, insumos necesarios y paliar las dificultades de las personas con discapacidad. «Recuerde que se trata de personas con discapacidad que este ingreso les permite en alguna medida impulsar la gran mayoría del ingreso que tienen,» afirmó.
La medida cautelar urgente, dictada en el marco del amparo, obliga a retrotraer el estado de cosas a la situación anterior al inicio de la auditoría que provocó las suspensiones, beneficiando a todos los afectados en el territorio provincial.
Alto Impacto y Falta de Cifras Oficiales
Si bien ni ANSES ni la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) han respondido a los pedidos de informe oficiales de la Defensoría del Pueblo sobre el número exacto de personas afectadas, el Defensor estimó que la medida judicial impactaría a una gran cantidad de personas, sugiriendo que el universo podría superar las 4.500 personas en toda la provincia.
Escobar Correa precisó que el fallo, que salió cerca del mediodía de ayer, se torna obligatorio para los funcionarios nacionales una vez que se cumplimenten los trámites administrativos mínimos y se produzca la notificación formal al Estado Nacional.
El Defensor concluyó destacando la alegría de poder brindar una respuesta legal a este sector vulnerable: «El Estado estuvo presente con nosotros y va a poder por lo menos contar una medida para que acudamos legalmente en su tutela o en su cobertura como corresponde.»
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