[Audio] «La ley de Emergencia en Discapacidad es un avance insuficiente ante la realidad del sector»

La reciente aprobación en el Senado de la ley de emergencia en discapacidad ha generado un intenso debate, y en este contexto, la docente acompañante Valeria Morales dialogó con Radio Exclusiva para ofrecer su perspectiva crítica sobre el alcance y las limitaciones de la normativa, así como la precaria situación laboral de los profesionales del área.
Morales celebró la aprobación de la ley como un paso que busca «garantizar esos derechos, de actualizar, digamos, las prestaciones, los derechos de las personas con discapacidad». Sin embargo, no dudó en señalar la contradicción de que «los mismos que han votado ayer por esta ley, en su momento, en sus gobiernos, también estaban en contra de los derechos con discapacidad».

El veto presidencial y la cruda realidad económica

La docente acompañante anticipó lo que ya se ha confirmado: la intención del gobierno de Javier Milei de vetar la ley, una práctica que, según Morales, se ha vuelto recurrente. Más allá de la aprobación, la especialista enfatizó que una ley de emergencia, por sí misma, no cubrirá la totalidad de las necesidades del colectivo.
«Imagínate que si hay un aumento para las personas con discapacidad en las pensiones no contributivas, va a ser de un 70% en relación a una jubilación», explicó, y comparó esta cifra con la realidad económica: «Hoy en día, eso implica la quinta parte de lo que sale una canasta básica familiar». Esta cruda realidad subraya la insuficiencia del aumento propuesto frente a los costos de vida actuales.

Desocupación perpetua y salarios de miseria para profesionales

Morales también hizo hincapié en la falta de garantías de cupo laboral para las personas con discapacidad. «Las personas con discapacidad están condenadas a la desocupación perpetua», sentenció, aludiendo a declaraciones oficiales previas que «etiquetan» a este colectivo y a la falta de políticas de inclusión laboral efectivas. Incluso cuando son empleadas, las personas con discapacidad a menudo no perciben salarios que les permitan «vivir una vida integral».
La entrevista derivó en la preocupante situación de los docentes acompañantes. Valeria Morales reveló que el último aumento recibido fue en noviembre de 2024, llevando el salario a $307.000 pesos. Pero lo más alarmante no es solo el monto, sino la dilación en los pagos. «No es que lo cobran de inmediato, o sea, lo cobran cada dos, tres, cuatro y hasta cinco meses en algunos casos», denunció, señalando que muchas compañeras aún no han cobrado el mes de marzo.
Esta demora se atribuye en parte a las auditorías que el gobierno ha implementado, que exigen a las familias realizar «largas colas para poder hacer estas actualizaciones» y que, a su vez, demoran las autorizaciones de las obras sociales. «Hay personas que van a ir a cobrar con suerte en agosto, septiembre, más o menos», lamentó Morales.
La situación es aún más precaria con obras sociales como el IOSE (Instituto de Obra Social del Empleado Público) provincial, donde «nos pagan la mitad de lo que es 307.000 pesos», además de requerir una «instancia burocrática de llevar 50.000 papeles». La hora de trabajo se paga a $5.000 pesos, una cifra que Morales calificó de «vergüenza» e «indignante».
La docente acompañante concluyó expresando la incertidumbre sobre el impacto real de la nueva ley en sus salarios. «Con esta ley no sabemos cuánto nos irán a aumentar, si va a haber un aumento y de cuánto será. Tampoco se dice», finalizó, evidenciando la falta de claridad y las escasas expectativas de una mejora sustancial en sus condiciones laborales.