La Asociación Civil Laudato Sí, exigió este martes que se lleve a cabo el juicio oral y público por delitos ambientales contra el empresario tucumano Jorge Rocchia Ferro, que en junio de este año debía llevarse a cabo y fue suspendido. El proceso ya lleva 11 años sin condena.
El pedido fue efectuado al presidente del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, Abelardo Basbús, para que no se dilate más la causa contra el poderoso empresario tucumano, que preside la Unión Industrial de la vecina provincia.
“En el año 2011, el vuelco en la Cuenca Salí Dulce de millones de litros de vinaza -como subproducto de la industria azucarera- produjo la mortandad masiva de peces, en un verdadero episodio de daño ambiental sin precedentes en nuestra provincia, que afectó particularmente a los vecinos de Paraje El Arenal y la ciudad turística de Termas de Río Hondo, generando consecuencias que apenas comienzan a salir a la luz”, recordó la entidad.
El documento firmado por el titular de Laudato Sí, Gustavo Carreras, señaló que “estas situaciones dieron inicio a una investigación por parte del Ministerio Publico Fiscal de la Nación, que apunta como principal responsable al dueño del ingenio La Florida: Jorge Rocchia Ferro”.
“A más de diez años del comienzo de aquellos hechos, los santiagueños merecemos como damnificados que el TOF de Santiago del Estero, a su cargo, fije una fecha para la realización del juicio oral y público en el que se defina, de una vez por todas, la responsabilidad en estos siniestros ambientales”, instaron.
“Entendemos, como Asociación Civil, que no habrá justicia ambiental hasta tanto no se resuelva esta situación procesal”, finaliza el escrito.
Rocchia Ferro estuvo recientemente en la Expo Santiago y allí sorprendió al anunciar que estudiaba la posibilidad de instalar un ingenio azucarero en Santiago del Estero, lo que fue entendido como un mensaje para buscar indulgencia de la justicia en el proceso que tiene pendiente.
El empresario logró clausurar el juicio años atrás, cuando ofreció un acuerdo compensatorio por el daño ambiental para evitar su condena, propuesta que fue aceptada por el tribunal federal. Pero la fiscal Indiana Garzón logró hacer caer ese beneficio ante la Cámara Nacional de Casación y se dispuso que fuese juzgado.
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