Con el impulso de las pocas «choferas» del país, surgen políticas inclusivas en el transporte

Por Silvina Molina – Telam

La mujeres que quieran conducir ómnibus en el país van a estar eximidas de pagar el registro profesional y las empresas que las contraten tendrán beneficios, una decisión estatal impulsada por quienes ya son conductoras y artífices de cambios en un sector masculinizado y aún reticente para las trabajadoras del volante.

La semana pasada se anunció la puesta en marcha del Registro de Mujeres Aspirantes a choferes de colectivo en todo el país, el pago por parte del Estado de la licencia LINTI (Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional) para las trabajadoras del sector, y la creación de la Red de Empresas del Transporte Automotor por la Igualdad.

«Hay dos líneas de inclusión laboral: por un lado, el Estado pagará parte del salario que una empresa pague a las choferes por 6 meses, y en el Norte Grande, trabajamos con el anuncio presidencial de la reducción de cargas patronales del 80% para quienes tomen mujeres y disidencias», contó a Télam, Pamela Ares, subsecretaria de Políticas de Inclusión del Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo.

Todas las medidas están contempladas en el Programa para la Promoción e Inclusión de Mujeres en la actividad del Transporte Automotor.

La que inició la lucha

Esta decisión política «es muy positiva» para Mirtha Sisnero, la primera en acudir a la justicia en 2008 reclamando su derecho a ser chofer, y pese a haber logrado un fallo favorable de la Corte Suprema en 2014 que reconoció que era discriminada, aún sigue sin poder conducir.

Ella trabaja en la Sociedad Anónima Estatal del Transporte Automotor de Salta (Saeta), en la empresa Tadelva, donde es inspectora.

«Sigo con la esperanza de que la empresa me diga sí y pueda conducir un colectivo», dijo a Télam.

A casi 7 años del fallo judicial favorable, ella sigue sin poder ejercer su derecho.

Ayuda para pagar la licencia y un registro de aspirantes

Otra es la realidad de Erica Borda, que maneja colectivos desde 1999, que en 2014 presentó, con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación, un amparo colectivo por discriminación contra las mujeres que pretendían trabajar como choferes en el transporte público de pasajeros.

Obtuvo sentencia favorable y se creó el Registro de Mujeres Aspirantes a Choferes de Colectivo (Remacc) que sólo incluye a aspirantes del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

También el fallo del juez Raúl Ojeda, del Juzgado Nacional del Trabajo nº 50, dispuso que por lo menos el 30% del plantel de choferes de las empresas de colectivos demandadas por Borda, debería estar ocupado por mujeres.

«Pero yo quería más», contó Borda a Télam, y por eso «comencé a mandar mails a todas las áreas de Género y Diversidades de ministerios. Y me escucharon».

Ella pidió ayuda para pagar el LINTI on que se visibilice y se tomen medidas por las desigualdades que aún persisten en el sector.

«Yo tengo trabajo -es chofer de la linea 130- pero otras chicas la están pasando mal. Pagar el LINTI es muy difícil para una persona sin trabajo, sobre todo para mujeres en situaciones vulnerables, precarizadas, que también hacen el trabajo de sus casas. Para ellas es muy difícil juntar 32 mil pesos para un registro que te habilita para conducir pero no para manejar un colectivo. El varón tiene su registro y tiene cien puertas para golpear pidiendo trabajo», resumió.

Ahora el pago del LINTI para las choferes estará a cargo del Estado.

El anunció se hizo el martes, Borda estuvo en el acto que vivió «con emoción» y reconoció que le lleva tiempo darse cuenta de cómo impactan su decisiones en sus pares.

En la empresa donde trabaja son 8 las choferes, y en la línea 78, son 14, y en la 169, hay 3.

Estas líneas pertenecen a empresas comprendidas en el amparo que Erica ganó en la justicia.

Es decir, son algunas empresas de AMBA, por eso es importante la decisión política de extender las acciones de igualdad en el sector a todo el país, donde hay iniciativas en ese sentido que aún son la excepción.

En Tierra del Fuego

Tal el caso de Tierra del Fuego, donde hay choferas en líneas urbanas desde 2017.

Las primeras comenzaron a trabajar en Ushuaia Integral Sociedad del Estado» (UISE) la empresa municipal.

«Al comienzo fue toda una novedad, pero nuestros compañeros nos tratan como pares y nos han aceptado muy bien, igual que los usuarios», contó a Télam, Sandra Aravena, una de las primeras conductoras de la provincia.

Y siguen las capacitaciones para seguir incluyendo mujeres, de parte de las empresas y también con el apoyo de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y del Automóvil Club.

En Salta

Lo mismo en Salta, donde la Fundación Entre Mujeres -que acompañó en su reclamo a Mirtha Sisnero- junto a la Fundación Avon iniciarán esta semana un curso virtual de Empoderamiento e Igualdad de Género a Mujeres Trabajadoras de Empresas de Transporte de Pasajeros de la provincia.

En La Rioja

Otro punto igualitario en el transporte se enciende en La Rioja.

Allí, la única empresa de transporte urbano de pasajeros, la estatal provincial Rioja Bus, incorporó 30 mujeres, incluyendo a una mujer trans, informó a Telam, Miguel Flores, titular de la compañía.

Erica Borda sigue pensando acciones pero «no quiero ser una pesada, me di cuenta que entre ministerios articulan, me escuchan, así que voy de a poco», reconoció.

No lo hace sola: «Por favor, nombrá a Natasha, Paola, Romilda y Daniela, con ellas nos estamos organizando, son chicas que están sin trabajo. Tenemos redes sociales que se llaman Mujeres por el cupo femenino en el transporte», concluyó Erica.

La charla fue nocturna, luego que terminó su recorrido con el colectivo. Se nota que le apasiona manejar, pasión que comparte con su marido y sus dos hijos. Las hijas son enfermeras, profesión que ella también ejerció en el lapso que no le dejaron conducir un colectivo. Le gusta hablar, y en el relato se nota cómo fue aprendiendo que sola es mas difícil -y a veces imposible- lograr los cambios que son para todas, y para todos, porque se trata de lograr una mejor sociedad.