Luciano Napolitano, hijo del fallecido músico Pappo, fue condenado en un juicio abreviado a la pena de 3 años y 8 meses de prisión por dos hechos de violencia de género contra su ex pareja, uno ocurrido en su casa en Benavídez, hecho por el que estuvo preso en un penal desde el 2021.
A pesar de la reciente confirmación de su condena, en los últimos días se reveló que hace nueve meses, desde el pasado 16 de diciembre, fue beneficiado con prisión domiciliaria, la cual cumple en la casa de su madre, en la localidad de Tigre. Desde allí es monitoreado con tobillera electrónica.
La domiciliaria se hizo pública cuando en las últimas horas el hombre de 48 años que en la cárcel formó una banda de rock llamada «H6» junto a otros dos reclusos, subió un video a su cuenta de Instagram, tocando la guitarra eléctrica desde una casa.
«Soy Rock canción de H6 y acá en mi casa afilando los solos de guitarra que hace meses que lo toco», escribió el hijo de Pappo en un posteo de agradecimiento a varias personas, entre ellas su abogado, Roberto Casorla Yalet, y «al juez» que, según explicó: «Me dio la domiciliaria para continuar mi vida porque adentro me estaba muriendo».
El juez que dispuso «morigerar la medida de coerción» y hacer lugar a la «detención domiciliaria» del músico con el monitoreo de una pulsera electrónica es Juan Facundo Ocampo, juez en lo Correccional 4 de San Isidro.
Según la resolución, Ocampo se basó en «el estado de salud del detenido» (sufre EPOC, entre otros padecimientos), en que necesitaba una mejor atención que la que le brindaban en el penal, en que llevaba detenido más de un año y medio y en que la propia víctima no se opuso.
Además, en el marco del mismo proceso, el fiscal de juicio de Tigre, Diego Callegari, acordó con la defensa de Napolitano un juicio abreviado en el que terminó condenado a 3 años y 8 meses de prisión por haber golpeado y amenazado a su entonces pareja de 35 años, Mariel Oleiro.
Napolitano fue encontrado culpable de los delitos de «lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, amenazas, privación ilegal de la libertad agravada y tenencia de arma de guerra» y «amenazas agravadas por el uso de armas» por un segundo hecho, ambos en concurso real entre sí.
A pesar de haberse firmado el abreviado, el abogado de Napolitano, Casorla Yalet, apeló el fallo al entender que la pena es excesiva, por lo que la cadena aún no está firme y está siendo revisada por la Cámara de Apelaciones de San Isidro.
La denuncia de Mariel Oleiro
El hecho que se le adjudica al músico ocurrió la tarde del 24 de mayo de 2021, en la vivienda que el hijo del fallecido artista compartía desde hacía cuatro años con su pareja Mariel Oleiro, situada en Jujuy 3452, de la localidad de Benavídez, partido bonaerense de Tigre.
De acuerdo a la denuncia de la mujer, todo se inició cuando le pidió a Napolitano las llaves de la camioneta para ir a comprar hacer unas compras y él comenzó a insultarla, hostigarla, amenazarla y agredirla físicamente, todo delante de dos de las hijas del imputado de 7 y 13 años.
La denunciante contó que la agresión incluyó trompadas y patadas, que le apretó un ojo, que también la roció con alcohol, que en el patio de la casa intentó atropellarla con una camioneta y que la dejó encerrada sin poder salir de la propiedad y con la única posibilidad de estar en el quincho hasta que al día siguiente logró llamar al 911 y fue rescatada por la policía.
Napolitano fue detenido el 26 de mayo a la madrugada y en su vivienda se realizó un allanamiento en el que se secuestró un revólver .38 cargado, del cual no tenía permiso de tenencia ni portación.
Al ampliar su declaración, Oleiro denunció a Napolitano por un episodio previo de violencia – el segundo hecho de la imputación -, ocurrido el 21 de noviembre de 2020 en la casa de la madre del acusado, en la calle Juncal al 1300 de Tigre, donde hoy cumple la domiciliaria el condenado.
Cuando en marzo de 2021, el fiscal de Violencia de Género de Tigre, Pablo Menteguiaga, elevó la causa a juicio oral, se calculaba que por todos los delitos Napolitano podía llegar a ser condenado a una pena máxima de 19 años.
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