La Corte rechazó la capacitación al Poder Judicial sobre género

La Corte Suprema emitió esta noche un comunicado en respuesta a las críticas recibidas por el presidente Alberto Fernández para que el titular del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, «se ocupe» de la Ley Micaela y afirmaron que desde el 2010 «lideran la capacitación en Perspectiva de género en el Poder Judicial».

El mandatario había afirmado que el Gobierno le pidió «por favor al presidente de la Corte Suprema que se ocupe de tratar el tema y solo recibió silencio» y apuntó que «es muy importante que la Justicia entienda este problema porque son ellos los que van a terminar juzgando a los victimarios».

«Mediante Acordada N°13, de abril de 2009, este Tribunal creó la Oficina de la Mujer (OM) en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hasta su fallecimiento estuvo a cargo de la Dra. Carmen Argibay. Actualmente se encuentra a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, junto a otra de las oficinas pioneras y modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, la Oficina de Violencia Doméstica que funciona desde el año 2008», señaló la Corte en un comunicado.

En ese sentido, se indicó que en función de esa acordada se creó «la Oficina de la Mujer», que «desarrolla la coordinación y gestión de los programas de capacitación para la incorporación de la perspectiva de género tanto en la prestación del servicio de justicia como en el ámbito de las relaciones laborales que su ejercicio involucre».

«Desde su creación ha llevado adelante un proceso de sensibilización en Perspectiva de Género y capacitación de Violencia Doméstica, Debida Diligencia, Delitos sexuales en contextos de crímenes de Lesa Humanidad, Trata de personas con fines de explotación sexual, Factores e Indicadores de Violencia Doméstica, Lenguaje y Género, entre otras actividades«, remarcaron desde la instancia judicial más importante del país.

En ese sentido, se consignó en el documento que el máximo tribunal dispone de «un taller de Perspectiva de Género, de 16 horas cátedra», que «fue validado por Naciones Unidas» y «declarado como buena práctica por la Organización de Estados Americanos».

Además, siguió el comunicado, «en los fundamentos del proyecto de la Ley Micaela (1776-D-2017) se resaltó la importancia de este taller elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».

Tras conocer el comunicado, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, salió al cruce de las afirmaciones del alto tribunal y aseguró que son los propios jueces de la Corte Suprema los que incumplen con la normativa que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, incluidas las máximas autoridades”.

La funcionaria explicó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un comunicado hizo saber que el Poder Judicial de la Nación venía llevando adelante capacitaciones de género hace tiempo, sin embargo, la referencia que hizo el presidente Alberto Fernández está vinculada al incumplimiento de la propia Corte a capacitarse en el marco de la Ley Micaela, como el resto de las autoridades de los otros dos poderes del Estado, a pesar de los requerimientos en ese sentido que ha hecho el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”.

En ese contexto, Gómez Alcorta recordó que después de haber intentado coordinar por distintas vías y en reiteradas oportunidades la capacitación en género a las máximas autoridades del Poder Judicial, el 23 de junio envió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, a fin de hacerle saber que era necesario fijar una fecha para cumplir con lo que establece la Ley Micaela, ya que es competencia del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implementarla.

“En esa oportunidad le hice saber que el Poder Ejecutivo ya había capacitado a sus máximas autoridades el 10 de enero; que el 4 de marzo lo hizo el Senado de la Nación y el 6 de mayo la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación y que el único de los tres poderes que aún tiene pendiente realizar la capacitación de las altas autoridades es el Poder Judicial. A la fecha no tuvimos respuesta y vamos a reiterar la nota a la brevedad”, explicó la ministra.

Por último señaló: “Es fundamental avanzar en la implementación de la legislación vigente para promover una verdadera transversalización de la perspectiva de género en todos los poderes del Estado. Empezar por las máximas autoridades implica, además de cumplir la ley, dar el ejemplo al resto de las y los funcionarios públicos”.