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La violencia de género en Argentina: un problema que Milei prefiere ignorar

Dos feminicidios múltiples sacuden al país sudamericano en plena campaña de las elecciones legislativas, una prueba para el gobierno del economista libertario.
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En el último mes, dos casos extremos de violencia de género sacudieron Argentina, en plena campaña hacia las elecciones legislativas del 26 de octubre.

El primer caso fue un triple feminicidio difundido en redes sociales. La atroz mutilación y asesinato de dos jóvenes y una adolescente, cuyos cuerpos fueron hallados el 24 de septiembre, desató protestas de miles de personas convocadas por feministas y organizaciones de derechos humanos.

Los rostros de las tres víctimas plasmados en pancartas, fotografías y remeras acompañaron a una ruidosa marcha donde sonaron con furia los tambores de los movimientos feministas al grito de «¡Vivas nos queremos!”.

Familiares de Morena Verdi, de 20 años, su prima Brenda del Castillo, de 20, y de Lara Gutiérrez, de 15, torturadas y descuartizadas en un acto «aleccionador» de una banda de criminales, reclamaron justicia en una marcha llevada a cabo el 27 de septiembre.

«Hay que proteger más que nunca a las mujeres», dijo a la prensa el padre de Brenda, Leonel del Castillo, al frente de la manifestación. Antes había lamentado «no haber podido reconocer» el cuerpo de su hija debido a las marcas de la tortura.

La mayoría de los sospechosos de este crimen están detenidos ya, informó la fiscalía.

La causa, vinculada por las autoridades con la narcocriminalidad, fue clasificada por la Fiscalía como homicidio calificado, premeditado por dos o más personas, cometido con alevosía, ensañamiento y violencia de género. Así, estos asesinatos son oficialmente considerados feminicidios ―como Argentina llama a los feminicidios― y los culpables podrían recibir penas de prisión perpetua.

Otro caso que conmocionó al país fue un doble feminicidio en Córdoba, cometido por un ciudadano uruguayo cercano al gobierno de Javier Milei.

Las cifras de feminicidios se han mantenido «establemente altas», con un promedio de casi 300 víctimas anuales en dos décadas de gobiernos de distinto signo político, reconocen políticas y activistas.