Organizaciones le exigen al Ministerio de Capital Humano actuar contra la violencia de género

En Argentina, cada 26 horas, una mujer o persona trans es víctima de un femicidio. Sin embargo, la designación del responsable para liderar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género del Ministerio de Capital Humano sigue pendiente. En Argentina, una de cada dos mujeres sufre violencia doméstica y solo el 21% se atreve a denunciar a su agresor. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la continuidad y el mantenimiento de las políticas públicas destinadas a brindar atención, protección y apoyo a este sector. Ante estas cifras del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, la pregunta es: ¿qué destino nos aguarda a las mujeres en Argentina?.La lucha contra la violencia de género continúa siendo un desafío de suma urgencia. La falta de designación de un responsable para liderar la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género sembró incertidumbre acerca del destino de las medidas públicas dirigidas a proteger a aquellas en situación de vulnerabilidad. Frente a falta de transparencia, diversas organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a Sandra Pettovello, quien lidera el Ministerio de Capital Humano, manifestando su preocupación y exigiendo una respuesta inmediata sobre los recursos y planes específicos destinados a abordar esta problemática.Delfina Schenone Sienra, responsable del Área de Políticas en el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), expresó su inquietud por la carencia de acciones concretas: “Por el momento, sólo hay incertidumbre y parálisis. Lo que vemos es una falta de interés en el tema”. “Nos preocupa que al día de hoy todavía no exista una designación en la subsecretaría de protección contra la violencia de género porque es un problema urgente. Sólo en el mes de enero se registraron 30 femicidios. Y aquí estamos hablando de la expresión más extrema de la violencia”, advirtió. En ese sentido, destacó la importancia de reunirse con la Ministra y su equipo para conocer “qué plan tienen para hacer frente a esta cuestión y qué políticas piensan continuar o implementar”.

«Acompañar», un programa vital en pausa 

A pesar de las cifras alarmantes y la necesidad de medidas políticas, el gobierno decidió prorrogar hasta marzo el programa Acompañar, desarrollado por el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad durante la pandemia. Este acompañó a más de 352.000 mujeres y personas LGBTIQ+ en situación de violencia, y tuvo un impacto positivo en más de 625.097 niños, niñas y/o adolescentes. Desafortunadamente, en la actualidad, el plan no acepta nuevas inscripciones y aún no se especificó qué apoyo recibirán aquellos que no cuenten con recursos y estén en riesgo.

Según Schenone Sienra, «incentivó a mujeres que nunca antes habían solicitado ayuda o asistencia a hacerlo por primera vez». La mayor demanda generó una duplicación de casos, lo que sobrecargó el programa y afectó su calidad y capacidad de atención. Sin embargo, a pesar de esta situación, una investigación realizada por el equipo de ELA en 2022 reveló que el programa “era valorado positivamente por las mujeres beneficiarias, los equipos y las organizaciones que las acompañan”. “Por eso nos parece importante entender qué continuidad puede tener un programa de esas características”, destacó la especialista y resaltó que, si no se atiende esa dimensión, “cualquier política para atender violencias hace agua porque sin una salida, sin ingresos, sin trabajo o sin vivienda es muy difícil que una mujer pueda salir de una relación de violencia”.

En esa misma línea, Agustina Rossi, Licenciada en Sociología y miembro de ELA, explicó que es esencial la implementación de este tipo de programas de apoyo económico «para que las mujeres puedan reconocer y salir a tiempo de una situación de violencia”. “Es indispensable que dispongan de información sobre sus derechos, conozcan los recursos disponibles y puedan acceder a ellos», exigió. “Sabemos por nuestras investigaciones que el uso más eficiente de los recursos públicos en materia de violencia es trabajar en políticas de prevención y atención temprana, evitando que la violencia escale al punto de que la vida e integridad de la mujer y su familia estén en mayor riesgo. 22 veces más caro le sale al Estado actuar de manera tardía”, añadió.

La responsabilidad del Estado en la prevención y atención de la violencia de género

Otro punto crítico es el funcionamiento de la línea 144, un recurso vital que brinda atención y orientación a quienes enfrentan situaciones de violencia en todo el país, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con un promedio de 340 comunicaciones diarias, 10.400 mensuales y 125.000 anuales, este servicio es mucho más que una simple línea telefónica; es uno de los pilares fundamentales para las mujeres y personas LGBT+ que buscan ayuda, sin importar su ubicación geográfica.

Ante esta realidad, las organizaciones hicieron hincapié en la necesidad de asignar un presupuesto adecuado para garantizar la efectividad de la respuesta estatal. “Sin recursos, las áreas de género y los programas corren el riesgo de vaciarse, de no poder sostener el trabajo fundamental que hacen. También deben garantizarse recursos que permitan que haya profesionales en las distintas áreas de atención”, explicó Rossi, y recalcó “No cualquier persona puede sentarse frente al teléfono de la 144 y brindar el acompañamiento que se demanda”.

En la carta, también se trató el destino de la Educación Sexual Integral (ESI). Este programa es esencial para abordar la prevención de la violencia y promover la conciencia sobre nuestros derechos. Ha estado en operación durante casi 18 años, siendo una política continuada por distintos gobiernos. «Contar con educación sexual es crucial para prevenir embarazos adolescentes no deseados, pero también para conocer los derechos que tenemos en caso de que esto ocurra. Ayuda a los niños y jóvenes a fortalecerse como sujetos con derechos y a aprender a ejercitarlos con responsabilidad», destacó Rossi.

Además, destacó la relevancia de este programa en la identificación de abusos en menores. «A lo largo de estos años, hemos visto cómo ha tenido un impacto positivo, permitiendo que muchos niños y adolescentes reconozcan situaciones de abuso y violencia que estaban experimentando y puedan buscar ayuda. Es sorprendente: entre el 70% y el 80% de niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años entrevistados comprendieron que habían sido víctimas de abuso sexual«, señaló. «Según las estadísticas oficiales sobre abuso sexual infantil en Argentina, el 53% de los abusos ocurren en el hogar de la víctima, el 18% en la vivienda del agresor y el 10% en la casa de un familiar», sumó.

Detrás de cada política, cada número y cada decisión presupuestaria, hay vidas en juego. Es hora de que el gobierno asuma su deber y actúe en consecuencia. La supervivencia y el bienestar de las mujeres argentinas no pueden seguir siendo una moneda de cambio en la política pública. No podemos permitir que la falta de inversión comprometa la seguridad de quienes más lo necesitan. El llamado a la acción es claro y urgente: se requiere una respuesta inmediata y efectiva para abordar la violencia de género en todas sus formas. 

«Hacemos un llamado a la Ministra para que tome en serio esta agenda. No solo representa obligaciones asumidas por el Estado Argentino, sino que también es crucial para la supervivencia y el bienestar de las mujeres. Los datos sobre femicidios son contundentes y la falta de atención y prevención adecuada solo empeorará la situación», cerró la Directora de ELA. Cada día de inacción pone en peligro más vidas y perpetúa un ciclo de violencia que no puede ser ignorado.