El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, hizo lugar a la apelación del Estado nacional a la medida cautelar que frenaba la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por lo que revocó y dejó sin efecto la resolución judicial dictada por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López.
La medida cautelar había sido dictada el pasado 7 de junio, haciendo lugar a una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, quien planteó la inconstitucionalidad de la ley aprobada por el Congreso en diciembre pasado.
Concedida la apelación del Estado, ahora deberá resolver la Cámara Federal de Apelaciones marplatense sobre la cuestión de fondo y sobre el planteo de recusación.
En la resolución, el juez Martín consignó que la cautelar de López dejaba sin efecto «todo un cuerpo normativo, integrado por la ley en su totalidad, protocolos y resoluciones, vinculadas directamente a políticas de salud y de género del Estado Nacional, y conlleva (entre otros efectos) la interrupción de la atención y cobertura de salud que dicha ley dispone con alcance nacional».
«Por lo tanto, considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y, por lo tanto, la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar», resolvió.
En la causa se incorporaron como terceros interesados en la causa Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres.
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