En menos de una semana se registraron nueve femicidios en Argentina, y los casos continuaron ascendiendo. La situación alerta ante el agravamiento de la problemática que, desde enero de 2025, ya se cobró más de 195 víctimas fatales. En octubre, hubo un femicidio cada 28 horas. Diversas organizaciones solicitan declarar la emergencia frente a los crímenes ligados a la violencia de género.
La ola de femicidios que se registra en Argentina impulsó un pedido de la organización MuMaLá –el movimiento feminista Mujeres de la Matria Latinoamericana– para que se declare de manera urgente la Emergencia Nacional en Violencia de Género, con el objetivo de impulsar medidas que permitan frenar las muertes. “No son casos aislados: son el reflejo de una violencia estructural que el Estado sigue sin erradicar. Nos matan por ser mujeres. Exigimos justicia, políticas reales de prevención y compromiso urgente para frenar este genocidio vinculado al género”, manifestaron desde la Multisectorial de Mujeres de San Nicolás. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, en el proyecto oficial de Presupuesto 2026, los programas destinados a prevenir y atender la violencia de género caen un 89% en comparación con 2023.
CONSECUENCIAS DE MENSAJES DE ODIO
En el documento expuesto por MuMaLá, la organización advierte: “Elevamos nuestra voz para exigir al Poder Ejecutivo Nacional que asuma la gravedad de la situación que atravesamos las mujeres y LGBTIQ+. Por tercera vez presentaremos en el Congreso de la Nación la Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia de Género en todo el territorio argentino”. También señala que el caso del femicida uruguayo Pablo Laurta –integrante de la organización machista Varones Unidos, que mató a su expareja y a la madre de ella– “evidencia una alarmante premeditación y motivación política de extremismo de derecha y masculinismo supremacista”, y denunció que son “las consecuencias de los mensajes de odio de género que emanan las jerarquías gubernamentales”.
ÚLTIMOS CASOS
La publicación se inscribe en plena ola de femicidios a nivel nacional. Entre los últimos tomaron mayor repercusión el triple narcofemicidio de Florencio Varela, donde mataron a Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, y el más reciente en Córdoba, donde Laurta asesinó a su expareja Luna Giardina y a su exsuegra Mariel Zamudio. En las últimas semanas también se lamentaron los asesinatos en contexto de violencia de género de Gabriela Arací Barrios en Chaco; de Adriana Velázquez y su hija Mariana Bustos en Bahía Blanca; y el de Daiana Mendienta en Entre Ríos, entre otros.
MuMaLá da a conocer este tipo de datos desde 2015, año de la primera marcha del colectivo Ni Una Menos. En los últimos diez años, desde el 1º de junio de aquel año y hasta el 30 de mayo de 2025, se sufrieron 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios.
En otro documento previo, elaborado por el Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” y publicado a fines de septiembre, se contabilizaron 182 femicidios en lo que va del año y 758 intentos de femicidio. Solo el 14% de las víctimas fatales denunciaron anteriormente a su agresor. Este estudio también destacó que el 73% de los femicidios fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima y que el 70% de las víctimas mujeres, lesbianas, travestis y trans fueron asesinadas en sus domicilios. Por estos crímenes, 120 niños y adolescentes se quedaron sin sus madres.
NECESIDAD DE POLÍTICAS
La directora ejecutiva de la Mesa Federal de MuMaLá, Gabriela Sosa, detalló –en diálogo con el medio Página/12– nuevas situaciones de violencia machista que no solo ocurren en el interior de los hogares: “El desarrollo de la narcocriminalidad que se visibilizó con el triple femicidio de Florencio Varela y el último caso del femicida Laurta en Córdoba, en el que algunos sectores antiderechos, antimujeres y antifeministas pasaron a la acción y concretaron este asesinato”.
En la declaración de la emergencia, MuMaLá también exige “que se restituyan las políticas de género que fueron eliminadas” y que, junto con el Gobierno nacional –definido por Sosa como “negacionista en violencia de género”–, también tomen responsabilidades los gobiernos provinciales.
“EL ESTADO DESALIENTA LAS DENUNCIAS”
Por el cese de las tareas del Estado Nacional en violencia de género, Sosa alertó sobre una fuerte baja en las denuncias de las víctimas contra sus agresores antes de que estos las asesinen. “Es evidente que hay un aliento a no concurrir al Estado a partir de la desaparición de las políticas de género”, señaló.
Dentro de la última década, en algunos meses, esta estadística llegó al 25% de denuncias previas a los agresores femicidas, aunque oscilaba entre el 20% y el 22%. Sin embargo, en los últimos meses descendió al 13%. “Hay una relación directa entre los momentos donde hemos tenido mayor presencia de políticas públicas en contraposición con la falta de políticas públicas”, analizó Sosa.
“Es muy dura esta situación, genera mucha angustia y mucho enojo, pero hay una sociedad activa y sensible pidiendo al Estado políticas que aborden la situación de desigualdad. Hay que organizarse, reclamar y visibilizar cada una de estas situaciones para poner en el centro los derechos humanos de las mujeres”, concluyó.
“DESPROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS”
Mujeres de la Matria Latinoamericana analizó: “El riesgo aumenta. El contexto político agrava dramáticamente la desprotección de las víctimas. El Gobierno nacional ha eliminado y desfinanciado áreas clave de prevención, asistencia y protección. Programas esenciales como el Acompañar o el fortalecimiento de la Línea 144 han sufrido reducciones presupuestarias drásticas (con recortes que llegaron hasta el 79%), dejando a miles de mujeres y diversidades sin asistencia psicológica y económica para romper el círculo de la violencia”.
Asimismo, remarcaron que “se destruyó toda institucionalidad de género: el cierre del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género (y de hasta 13 programas de género), junto con el intento de eliminar la figura del femicidio, envían un mensaje de abandono estatal e impunidad a los agresores”.
Por último, advirtieron que “el impacto territorial del ajuste, con la paralización de la obra pública y el recorte general en las provincias –que ha destrozado las economías regionales y deteriorado las condiciones de vida–, impacta directamente en la autonomía económica de las mujeres, volviendo más difícil la posibilidad de dejar hogares violentos”.
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