Víctima de violencia de género, a juicio por matar a su ex pareja

Comienza el juicio contra Ángela Beatriz Saravia, imputada por matar de una puñalada a su ex concubino, Luis Leo López, cuando éste entró a la casa violando la perimetral y la atacó con un cuchillo. 

La mujer será juzgada por la Salta VIII del Tribunal Oral de Salta. La primera audiencia del juicio será el lunes. Sus abogados defensores son Martín Plaza y Josué Díaz Cueto, quienes sostienen que es un caso de legítima defensa. El viernes pasado se presentaron dos amicus curiae (amigo del tribunal) por parte de la Multisectorial de Mujeres de Salta y del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres, pero aún no se les hizo lugar. 

Saravia fue detenida el 26 de mayo de 2019, pasó varios meses en la Unidad Carcelaria 4 hasta que sus abogados consiguieron la prisión domiciliaria esgrimiendo diversos problemas de salud que padece la mujer. 

La primera audiencia del juicio está prevista para hoy a las 9. El Colectivo de Abogades Populares, del que son parte los abogados defensores, convocó a acompañar a la mujer en el juicio, «por una justicia antipatriarcal». Pidieron llevar DNI y barbijo. El debate será en sala de grandes juicios Doctor Miguel Ragone del edificio de Tribunales. El Colectivo sostiene que la mujer era víctima de violencia de género y «que se defendió tanto a ella como su hija de un cruento y violento ataque». 

«No hay justicia si es patriarcal, por eso exigimos libertad y absolución de Bety. Es momento del posicionamiento de un sistema judicial antipatriarcal que proteja a las víctimas de este sistema opresor de mujeres», manifestó el Colectivo de Abogades.

Los hechos por los que se acusa a Saravia sucedieron el 17 de diciembre de 2018, cuando la ex pareja llegó a su casa incumpliendo la restricción de acercamiento como consecuencia de las reiteradas denuncias realizadas por la mujer ante el temor constante de sufrir nuevamente actos de violencia por parte del agresor. Este hombre había tomado del cabello a Saravia y la tiró al piso,  «puso su cabeza en una garrafa de gas encendida en presencia de su hija menor. Ante esta situación Bety en un acto de lucha por su vida y la de su hija utilizó como defensa un cuchillo y causó una lesión en el estómago de su expareja . El agresor fue hospitalizado y falleció dos meses después. A pesar de la nula relación de causalidad entre la herida proporcionada, como consecuencia de un claro caso de defensa, y el descenlace del caso, la Justicia detuvo a Bety y la acusa de homicidio», detalló el Colectivo de Abogades. 

Para los abogados defensores, el Estado no supo proteger a la víctima de violencia de género y después la criminalizó. Plaza detalló que el público podrá presenciar el juicio en la sala. El lunes declarará la imputada. El letrado consideró que si la mujer no se hubiera defendido, el caso podría haber terminado en un femicidio, señaló que «el Estado no se hizo presente para que la restricción se cumpla”. 

La mujer no tenía consigna policial ni botón antipánico. El agresor no había sido detenido ni tenía una pulsera electrónica para controlar y garantizar el cumplimiento de la cautelar.

Perspectiva de género 

La abogada Tania Kiriaco, miembra del Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género, ex directora del Observatorio, hizo un seguimiento y monitoreo de las políticas públicas en el penal de mujeres y consideró que las detenidas necesitan que sus casos tengan «un tratamiento con perspectiva de género». 

Dijo que el caso de Saravia, es el de muchas mujeres que llegan a una situación limite «por una vida marcada por la violencia de género donde el Estado tampoco ha dado respuesta alguna».

«Las medidas cautelares, si bien se dictan por parte de la justicia, muchas veces no se efectivizan. Los agresores muchas veces incumplen y no son detenidos por desobediencia judicial«, sostuvo Kiriaco.

Detalló que el botón antipanico no ha funcionado en Salta de modo que las víctimas tengan protección. Asimismo, hizo referencia a la violencia del Estado que se ejerce sobre las mujeres y que a 11 años de la sanción de la ley 26.485, de protección integral a las mujeres, faltan políticas de Estado que reflejen el mandato legal. 

Respecto a la imputada, dijo que «la violencia, la pobreza, el abandono del Estado, el encarcelamiento», han atravesado su cuerpo. 

«Sin soberanía económica, sin autonomía, signada por una vida de violencia, se necesita un Estado presente», aseveró Kiriaco, quien también intervino como ex directora del OVcM para apoyar el pedido de domiciliaria que hicieron en su momento los abogados Plaza y Díaz Cueto para Saravia, por razones de salud. «No hay un sistema de salud para las muejres en situación de cárcel», sostuvo en ese sentido.