Ocho sospechosos de causar destrozos en el Congreso Nacional y más específicamente en el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante las protestas contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), fueron identificados por las fuerzas de seguridad y sus nombres ya constan en la causa que tramita ante la justicia federal.
Se trata de jóvenes que no tendrían afiliación política conocida o detectable a partir de las primeras tareas de inteligencia criminal que se dispusieron en la investigación, por lo que en las últimas horas comenzó a robustecerse la hipótesis que sostiene que podría tratarse de personas contratadas para generar disturbios, informaron a Télam fuentes de la investigación.
La edad promedio de los sospechosos es de 20 años y pudieron ser identificados por medio de un «software» del Ministerio de Seguridad que vinculó sus rostros con sus datos personales y domicilios, según pudo reconstruir esta agencia.
En este expediente intervienen la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo y los delitos que se investigan podrían encuadrarse bajo las figuras de «daños agravados» e «intimidación pública», hechos distintos a los que pesquisa la justicia porteña, que tiene a una persona detenida con prisión preventiva por atentado contra la policía local y daños al patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires.
En horas de la tarde de este lunes, los investigadores analizaban las próximas medidas a adoptar luego de recibir la información solicitada a las fuerzas de seguridad que permitieron identificar a los sospechosos: los nombres de los apuntados por la justicia no trascendieron para evitar que se frustren los próximos pasos de la investigación judicial.
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó en diversas entrevistas que la pesquisa por los ataques a las oficinas de la vicepresidenta está «muy avanzada» y que se está trabajando en «esclarecer los hechos»; a la vez, opinó que no hay elementos para vincular los hechos con las manifestaciones contra el acuerdo con el FMI encabezadas por organizaciones sociales y partidos de izquierda.
«La investigación está muy avanzada. No creo que hayan sido organizaciones sociales que se estaban manifestando sensatamente. Fue alguien que buscó hacer eso porque las marcas rojas no son una casualidad», afirmó Fernández por radio La Red, donde se refirió específicamente a las manchas de pintura roja que aparecieron junto a las ventanas del despacho de la exmandataria.
El funcionario consideró que el ataque al despacho de la vicepresidenta «fue algo profeso» por las marcas en rojo, que comparó con las de «narraciones bíblicas», y aseguró que en la movilización había «un grupo grande» mientras otro número reducido de personas se abocaba «específicamente a agredir la oficina de Cristina».
«No hubo una orden nuestra de no poner vallas porque no manejamos la calle desde 2018, cuando pasaron todas las comisarias de la Policía Federal a la de la Ciudad. No sé quién pidió que no las pongan, pero yo las hubiera puesto. No fue un error de (el ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad de Buenos Aires) Marcelo D’Alessandro, sino que no lo hicieron por motu proprio y porque alguien dio la instrucción», afirmó Aníbal Fernández.
En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó hoy un nuevo video sobre el ataque a su despacho durante los incidentes frente al Congreso ocurridos el jueves pasado, en un posteo en Twitter con una grabación de imágenes en tiempo real y un mensaje en el que calificó como «grave» al hecho y aseguró que «alguien (lo) planificó y mandó a ejecutar».
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