Benzión: “El proyecto de Modernización Laboral es inconstitucional”

Retomando viejas ideas flexibilizadoras de la dictadura y la década del ‘90, el Gobierno busca aliviar a las empresas reduciendo -por ejemplo- el costo de los despidos, uno de los ejes centrales de su reforma laboral que será tratada en estas sesiones extraordinarias parlamentarias.

Recién bajado del avión que lo trajo de Noruega, el presidente Javier Milei firmó el proyecto de Ley de Modernización Laboral que fue inmediatamente enviado al Congreso de la Nación en lo que Manuel Adorni, definió -a través de su cuenta de X- como “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”.

Desde la Oficina del Presidente, luego, se ampliaron los dichos del jefe de Gabinete, y se aclaró que es una “iniciativa destinada a actualizar un marco normativo que dejó de dar respuestas a los desafíos actuales del mercado de trabajo”.

En diálogo con Y ahora qué?, Benzión consideró que aún “no se ve un camino claro en la estrategia de resistencia y oposición” más allá de la masiva marcha de protesta de este jueves 18 de diciembre, y agregó que creer que los problemas del país, por la falta de trabajo, “se van a resolver modificando la Ley de Contrato de Trabajo, deslaboralizando relaciones de dependencia o reduciendo el costo laboral, es un error que muchos medios han comprado”.

–Lo escuchaba al ex ministro Armando Caro Figueroa hablando sobre el proyecto de reforma laboral, y él coincide con varias organizaciones empresariales, sindicatos y hasta las dudas de jueces de la Corte Suprema. ¿De repente puede estar armándose una especie frente impensado? ¿Qué es lo que no está contemplando este proyecto de ley de reforma laboral?

Benzión: Es muy clara la división entre quienes se expresan a favor y quienes en contra. A favor, además del Gobierno, están los grandes grupos concentrados, y con limitaciones, porque Paolo Roca declaró que, si no hay una política de comercio exterior diferente, cerrará plantas. A los que tienen espalda para bancar, esto va a beneficiarlos. Sí es cierto que este desfinanciamiento, o esta diferente carga tributaria que plantea la reforma, dicen que podría significar una reducción del costo laboral del orden del 38% para las empresas, aunque me parece mucho. Los trabajadores son los principales afectados, pero también es un proyecto de futuro sin protección para la industria nacional. Además, creo que empieza a despertarse cierta conciencia porque se logró instalar la idea del enorme perjuicio que esto puede provocar. De hecho, ya hay muchos medios que han tomado nota y están dando espacio justamente para estos debates, que antes de que se conociera el proyecto no lo hacían.

–En la Argentina no se genera empleo desde hace muchísimos años. Hay más gente afuera que adentro de los trabajos formales.

Benzión: Está cayendo el mito que intentaron instalar sobre que esta reforma afectaría a muy poca gente, y lo que empezó a conversarse es que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derechos, solo que no se cumplen y que esta posible ley convalida la reducción de la protección. Sin embargo, no hay nada nuevo bajo el sol porque no es otra cosa que un refrito de mayor intensidad de lo que todos los gobiernos neoliberales intentaron hacer en nuestro país. Reiteran recetas ya aplicadas en el mundo y que también han fracasado.

–¿Y qué implica?

–Benzión: ¿Quién podría oponerse o estar en contra de una modernización laboral, combatir el empleo no registrado o la formalización del trabajo, disponer de mayores salarios por diferentes motivos o circunstancias que hagan que ingrese más dinero al bolsillo del trabajador? Pero, sin embargo, cuando uno lee el contenido de lo que se está proponiendo, rememoramos los antecedentes que arrancan con el DNU 70/23, luego la Ley Bases que implicaban la quita de derechos a los trabajadores, desfinanciar a los sindicatos y básicamente alterar las reglas de juego de la relación capital-trabajo regulada desde 1974, en la ley 27.744, considerando justamente que el derecho laboral viene a proteger al trabajador de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

(N. de la R.: Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna).

–¿Por qué los empresarios también están empezando a ponerla en tela de juicio, además de ciertas advertencias de la Corte Suprema?

–Benzión: El resultado de las elecciones les permitió envalentonarse aún más de lo que estaban cuando asumieron, y tienen una posición de desprecio absoluto por la ley que, obviamente, genera algún tipo de responsabilidad. Y no sé qué están pensando los senadores y los diputados, en cuanto a la responsabilidad de votar leyes que violan tan claramente la Constitución Nacional. Cuando los empresarios dicen que necesitan seguridad jurídica, hablan de esta falacia que llaman industria del juicio, de que las empresas quiebran por culpa de los juicios, que no tienen previsibilidad, que no pueden planificar, que no saben cuánto les va a costar un trabajador. Bueno, prepárense porque ahora lo van a saber menos, porque los planteos de inconstitucionalidad van a ser muy numerosos y los jueces laborales tienen muy claro cuál es su función otorgada por la Constitución: controlar que todos los actos, incluso los legislativos y los del Ejecutivo, no vayan en contra de la Constitución y no solo de la Constitución sino también de los tratados internacionales. Argentina es parte de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde ratificó una cantidad de tratados internacionales que establecen que no se puede legislar quitando derechos y establecen pisos mínimos de protección, y eso la obliga internacionalmente. Los jueces tienen la función de decir si esto va en contra, es nulo y no se puede aplicar. Y esto es lo que ha pasado con el DNU 70, así que no hay ninguna duda de que estos planteos van a llegar a los despachos de los jueces. Y Horacio Rosatti lo adelantó.

–¿Por qué cree que el Poder Ejecutivo avanza, imagino, aun sabiendo que estas cosas pueden a ocurrir?

–Benzión: Porque no ocurren de manera masiva. Hay una ley, por ejemplo, la de Accidentes de Trabajo, que tiene la mayor cantidad de declaraciones de inconstitucionalidad de la historia de cualquier otra ley. Sin embargo, sigue vigente y le sigue dando enormes ganancias a las ART. Nunca se logró voltearla, ni siquiera durante los gobiernos más progresistas. En su conjunto, para algunos sectores, el impacto que tiene el beneficio de la vigencia de estas normas regresivas es mayor que el perjuicio, aun cuando -en alguna medida- este gran paquete normativo -como lo es el proyecto de modernización laboral- sea declarado inconstitucional. Si pasa el grueso, entonces igual habrán ganado.

–Usted dice “si pasa el grueso”. ¿Qué quiere decir? ¿Puede ser aprobada en partes?

–Benzión: En principio hay razones de sobra para plantear que esta reforma es toda inconstitucional. Más allá de eso, se empezó a debatir que como contiene materias tributarias tendría que haber entrado por Diputados y no por Senadores, aunque se judicialice y se gane va a llegar al Congreso no tan rápido como el Gobierno querría, pero llegará igual. Lo cierto es que todo el proyecto es regresivo y quita derechos, y ello hace que todo sea contrario a la Constitución y a los tratados internacionales suscriptos por Argentina. El problema es que los jueces también tienen ideología e interpretación. Muchas veces podemos encontrarnos con una norma inconstitucional. El artículo 14 bis de la Constitución, por ejemplo, habla de la protección contra el despido arbitrario, pero no dice la intensidad de esa protección, y ahí aparecen las interpretaciones. Los que sostenemos que el despido sin causa es un acto ilícito y ese trabajador despedido sin causa merece una reparación integral de todos los aspectos de su vida que se dañaron por eso, otros dicen: bueno, el 14 bis no establece la intensidad, cualquier platita -por más chica que se le dé- podría estar cumpliendo con ese artículo. Pero hay que interpretarlo en todo el contexto, donde hay otros artículos que dicen que hay que garantizarle al trabajador salud, educación, vida digna, alimentación, ocio, vacaciones y demás, así que de ninguna manera podrían estar desconectadas esas dos maneras de mirar la reparación.

–¿Este proyecto de ley del Gobierno profundiza el trabajo en negro o trata de resolverlo?

–Benzión: Para resolver el trabajo en negro, el trabajo no registrado, hacen falta multas y sistemas eficaces de inspección laboral. Teníamos multas, pero no teníamos sistemas de inspección. Y la cuestión de las multas se acaba de derogar con la Ley Bases. Es como decir que, porque hay muchos accidentes de tránsito porque la gente pasa los semáforos en rojo, sacamos los semáforos, es decir que eliminamos las multas. Es demencial plantearlo así, pero es lo que ocurre. Están buscando exactamente el efecto contrario, pero para combatir el trabajo en negro es necesario que el empleador elija siempre el blanqueo al trabajo en negro, porque si lo tiene en negro entonces el costo, la imprevisión y demás es muchísimo mayor. El problema es que se quejaron por esto y la respuesta del Gobierno fue sacar los semáforos.

–¿Y con los trabajadores de las aplicaciones?

–Benzión: Esto se viene debatiendo desde que llegaron a Argentina las primeras empresas de plataformas que se consolidaron porque la cantidad de desempleados y excluidos del sistema hizo que todo el mundo saliera masivamente a buscar changas. Quien tenía un cuerpo más o menos saludable, una bicicleta y un celular rápidamente podía conseguir una fuente de ingresos. Esto hizo que proliferaran enormemente los servicios sobre todo de mensajería y de transporte de personas y de cosas. Hay muchas actividades que se prestan a través de plataformas, pero no fueron incluidas en esta reforma como -por ejemplo- los trabajos de limpieza a través de empresas, trabajo de cuidados de personas, de diseño gráfico y muchas actividades que se prestan desde plataformas. En esta reforma solamente se consideró mensajería y transporte de personas. Y lo que se hace fue deslaboralizar estas relaciones, es decir que el prestador del servicio -el rider, el mensajero- es un trabajador autónomo que usa la plataforma para acercarse al consumidor que encarga el pedido. La plataforma solo es un medio, no es un empleador cuando -si se analiza cómo se presta este trabajo- no hay ninguna duda que la plataforma es la empleadora porque impone condiciones, organiza el trabajo, tienen capacidad de sancionar y hay una cantidad de características que generan la convicción de que es trabajo en relación de dependencia. Los argumentos en contra -en cambio- son bastante débiles como, por ejemplo, la soberanía del tiempo, que no es así porque se imponen condiciones en una suerte de contratación donde para mantener la calidad de prestador de una plataforma hay que loguearse tanta cantidad de horas al día o tanta cantidad de horas a la semana. Lo que hace esta reforma, al respecto, es decir que estos riders son trabajadores autónomos. Hay muy pocas obligaciones que asume la plataforma como contratar un seguro de tipo civil contra accidentes y eso es todo, y los trabajadores no tienen jubilación, no tienen obra social ni aguinaldo. Digamos que están por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo

–Si tuviera que determinar o enumerar cinco cosas negativas y cinco cosas positivas de esta propuesta de reforma de ley, ¿qué mencionaría?

–Benzión: Puedo enumerar veinte negativas, todo es negativo. Las discusiones en el ámbito de los abogados laboralistas es preguntarnos si acá hay algo bueno. Uno de los puntos neurálgicos del proyecto es la disponibilidad absoluta del tiempo del trabajador al servicio de la empresa, cuando el empleador quiere, por la cantidad de horas que quiere, sin pago de horas extras y con el solo límite de respetar el descanso de 12 horas. Esto va en contra de la limitación de la jornada y de la posibilidad de planificar la propia vida. No importa si el trabajador tiene plata para ir después al club, a jugar al tenis o quiere irse a su casa con su familia. El tema es que la jornada debe ser limitada, pero esto desaparece. Y esto es un punto crucial, revolucionario, pero en el peor de los sentidos. ¿Hay algo que se pueda decir que resolvió un problema? No, no lo hay. La única cosa que no es buena, pero que resuelve un problema que nos daba dolor de cabeza, lo resuelve mal y de manera insuficiente.

–¿Qué es?

–Benzión: Cómo se actualiza una indemnización en un juicio que debió pagarse hace cinco años y se va a pagar ahora. Ahí fijan un criterio uniforme, cosa que ni la Corte ni la Cámara del Trabajo habían logrado ponerse de acuerdo. Lo que hacen es quitar la incertidumbre que teníamos y donde cada juez aplica un mecanismo distinto. Ahora, todo lo demás, que no son cinco cosas porque el proyecto es inabarcable, son decenas de modificaciones y todas a la baja. Es gravísimo. Si tuviera que sintetizar, diría es un proyecto de ley anti obrero y anti sindical. En materia de contratos individuales, lo deja el trabajador solito negociando con el empleador, cosa que en la práctica ya sabemos que no existe porque no hay ninguna posibilidad que el trabajador acuerde voluntariamente nada. Es todo imposición patronal y desfinancia la seguridad social reduciendo -por ejemplo- las contribuciones a la obra social de seis puntos a cinco sin nada que lo justifique.

–¿A qué llevaría eso?

–Benzión: A la quiebra de muchísimas obras sociales sindicales, desfinancia la seguridad social creando un fondo de asistencia laboral donde el empleador -en lugar de contribuir a la jubilación- va a restar tres puntos de esa contribución y los va a mandar a ese fondo de asistencia laboral para generar un fondo -valga la redundancia- con el que pagar las indemnizaciones por despido en el caso de que se produzcan. Esto significa que los despidos -que hasta acá los afronta el empleador y justamente lo hace no solo porque es el único responsable de la decisión, sino que tiene un efecto disuasivo para que piense dos veces antes de excluir a una persona sin causa -porque estamos hablando de despidos sin causa- se desfinancian las jubilaciones porque esos tres puntos van a ir a pagar despidos. Es decir que es el Estado a través de la seguridad social financiando los despidos. Y el desfinanciamiento de la seguridad social implica no aumentar las jubilaciones, pensiones y demás, pero también el colapso del sistema porque -además- tenemos más gente afuera que adentro por el envejecimiento poblacional y una cantidad de factores que si no se atienden de manera integral provocarán un colapso.

–¿Cree que este proyecto “pasará” en el Congreso?

–Benzión: Trataremos de que no. Desde la resistencia estamos pensando todo tipo de estrategias como conversatorios, radios abiertas, documentos para debates públicos y conversaciones con senadores y diputados, pero es difícil saber qué va a pasar porque el Gobierno no tiene ninguna duda de que van a lograr las mayorías necesarias. Sin embargo, hay congresales que no tienen el voto decidido.

–¿Cuánto tiempo cree que estuvieron trabajando en este proyecto? Porque esto no se construye de un día para el otro.

–Benzión: Hay sectores que invierten muchísimo dinero en análisis, proyectos, documentos o planes de acción para cuando tengan viento a favor. Cuando este Gobierno asumió se publicó una foto de Sturzenegger con una enorme pila de papeles diciendo que ahí estaba el plan de desregulación nacional. En esa montaña estaba el DNU 70, y en ella un proyecto que en, su capítulo laboral, la Cámara de Apelación del Trabajo dijo que no se aplicaba porque iba en contra de la Constitución. Pero quedó en el escritorio de la Corte, nunca se expidió. Este proyecto de Ley de Modernización Laboral, por llamarla de alguna forma, es un retorno al siglo 19. Algunos la están llamado la Ley Bases 2 porque reflota todo aquello del DNU 70 en lo laboral y sindical que no entró en la Ley Bases porque las centrales sindicales, especialmente la CGT, lograron poner un freno. Lo cierto es que ahora entran con este proyecto porque está escrito exactamente igual que en el DNU 70: quita derechos, limita el derecho a huelga, altera la negociación colectiva y da prioridad a los sindicatos de empresa por sobre los sindicatos de actividad. Esto puede ser el fin para los laburantes, porque es un cambio cultural, un cambio de paradigma, como volver al siglo 19.

FUENTE YAHORAQUE.COM