El Gobierno argentino ha puesto la acción climática y ambiental en el centro de sus convicciones, “trabajando para el éxito de la del COP26 de Glasgow”. En este sentido, el país está comprometido con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y con el Acuerdo de París.
Al respecto, nuestro país ha presentado su “Contribución Determinada a Nivel Nacional (CND) en diciembre de 2020 con un mayor nivel de ambición respecto a lo presentado en 2016: la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 será de un 25.7 % mayor”.
Durante la participación de Alberto Fernández en la Cumbre de Líderes convocada por el presidente estadounidense Joe Biden en abril 2021, se anunció un nuevo incremento en el nivel de ambición, que es un 27,7% mayor al de 2016.
En este sentido, Argentina considera que “los pilares de mitigación, adaptación y financiamiento contenidos en el Acuerdo de París deben tener un resultado balanceado”. Esto fue particularmente destacado durante el Diálogo de Alto Nivel de las Américas sobre Ambición Climática, organizado por nuestro país en septiembre pasado, donde señaló que “los esfuerzos de reducción de emisiones necesitan de un contexto que permita el desarrollo y tengan en cuenta las vulnerabilidades y diferentes capacidades que existen en países en desarrollo”.
Sostiene, además, que “los esfuerzos de los Países en Desarrollo tienen que estar acompañados de una mayor ambición y compromiso en la provisión y movilización de recursos financieros por parte de los países desarrollados, para poder así, incrementar nuestro nivel de ambición colectiva”.
Los principales puntos de la posición argentina
- Movilización de recursos concesionales y no reembolsables, canalizados a través de la banca multilateral y bilateral, con procesos ágiles y transparentes.
- Pagos por servicios eco-sistémicos.
- Canjes de deuda por acción climática.
- Nueva asignación de Derechos Especiales de Giro, sin discriminar a los países de renta media, para mejorar nuestro medio ambiente.
- Reconfiguración de los análisis que realizan las calificadoras de riesgo, para no distorsionar la realidad de nuestros países.
- Atención a los fenómenos de sobre-endeudamiento irresponsable -provocados antes de la pandemia y agravados por éste virus-, con mayor flexibilidad de plazos, tasas y condiciones.
- La necesidad de trabajar en una definición común, y una metodología contable, para el financiamiento climático, en aras del progreso en el logro de los objetivos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y del Acuerdo de París.
- Un Plan Nacional de adaptación y mitigación al cambio climático y en la Estrategia de desarrollo resiliente, con bajas emisiones a largo plazo, que servirán para conformar y comunicar las sucesivas contribuciones que hará el país, así como para sentar las bases de la política climática local.
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