El Gobierno derogó la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y Precios Justos

El Gobierno nacional dio de baja 71 resoluciones y disposiciones que regían distintos aspectos del comercio y la industria, a través de la Resolución 357/2025, que se publicó este miércoles 24 de septiembre en el Boletín Oficial.

En total, la medida dejó sin efecto 40 resoluciones y sus 31 modificaciones, repartidas entre normas complementarias de leyes ya anuladas, regulaciones de organismos que fueron disueltos y programas que habían quedado en desuso.

«Acabamos de derogar 71 normas que habilitaban controles abusivos y exigían información innecesaria. Entre ellas, el código de las ‘Buenas Prácticas Comerciales’, la constancia de procedencia de la papa y otras normas relacionadas a las ya extintas ‘Ley de Autobastecimiento’ y ‘Ley de Góndolas’. Menos regulaciones absurdas, más libertad para los argentinos», señaló en su cuenta de X (ex Twitter) el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Resoluciones dadas de baja y programas en desuso

De acuerdo con el documento, firmado por el secretario de Industria y Comercio, Pablo Agustín Lavigne, se suprimieron 27 regulaciones vinculadas a la Ley de Abastecimiento, que ya había sido eliminada al inicio de la gestión.

Además se dieron de baja 24 disposiciones ligadas al Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), un organismo que ya no existe, y otras 20 relacionadas a programas que fueron desarmados o dejaron de usarse, como Precios Justos, El Mercado en tu Barrio, el Programa de Estímulo al Pequeño Productor de Granos y la Ley de Góndolas, entre otros.

El primer bloque de medidas pedía información «sin ningún fin razonable», imponía mecanismos de control de precios, intervenía en la distribución y producción de Gas Oil y fijaba precios máximos en el contexto de la pandemia de covid-19, según explicó el Ejecutivo.

La Secretaría de Comercio remarcó que la meta es reducir trabas burocráticas y dar más transparencia al comercio interno: «Se trata de normativas que obstaculizan las relaciones comerciales entre consumidores, habilitan controles de precios abusivos, exigen información sin ningún fin específico y regulan programas que ya habían sido dados de baja».

FUENTE PERFIL