El Senado aprobó numerosos proyectos de ley que amplían derechos laborales y sociales

Entre los proyectos que amplían derechos laborales aprobados se encuentra la modificación del régimen de contrato de trabajo para el personal de casas particulares, que fija la fecha de pago de la segunda cuota del aguinaldo y el mecanismo para su determinación; y la modificación de la Ley de contrato de trabajo en lo relativo a los plazos de prescripción de créditos laborales. Esta última amplía a 3 años el plazo de prescripción para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y a 5 años las demás acciones relativas a las relaciones individuales del trabajo.

También se aprobaron el Régimen previsional especial para obreros, obreras, empleados y empleadas de viñas y para contratistas de viñas, olivares y frutales, y la modificación de la Ley 20.589 en relación con la indemnización y la mensualidad que recibe el contratista de ese sector productivo, para garantizar sus ingresos básicos a lo largo de todo el año.

En materia de derechos sociales, el Senado aprobó la creación del Foro permanente de niñas, niños y adolescentes en el ámbito del Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación y la modificación de la Ley de protección integral de sus derechos, para crear plataformas digitales gratuitas destinadas a brindar asesoramiento sobre violencia, maltrato o abuso.

También se dio media sanción a distintos proyectos de ley relacionados con los derechos de personas con capacidades diferentes. Entre ellos, la modificación de la Ley de protección integral a los discapacitados respecto de utilizar barbijo transparente para interactuar con personas hipoacusicas; la modificación del Programa nacional de detección temprana y atención de la hipoacusia, destinado a realizar acciones de difusión y concientización; la incorporación en los ascensores de organismos públicos de señalización en sistema braille y parlante, y la adopción del símbolo de accesibilidad universal.

Finalmente, el Senado prestó acuerdo para la designación de 30 juezas, jueces e integrantes de los Ministerios Públicos y aprobó la transferencia de inmuebles a las provincias, así como numerosos proyectos de declaración.