La causa judicial que investiga el presunto abuso de un niño en Las Termas de Río Hondo dio un giro categórico este martes, luego de que la Justicia ordenara la detención de tres integrantes del entorno materno del menor: su madre, su tía y su abuela.
Los operativos y procedimientos fueron llevados a cabo por personal especializado de la División Trata de Personas y de la Dirección General de Investigaciones (DGI) de la Policía de la Provincia, con la participación de efectivos arribados desde la Capital santiagueña.
De la exposición pública a la detención
Días antes de su captura, la madre del menor se había mostrado activa en las redes sociales y ante los medios, aparentando estar devastada y pidiendo justicia por su hijo. Sin embargo, su situación legal cambió drásticamente tras la realización de la Cámara Gesell, diligencia judicial clave en la que el niño brindó un crudo y detallado relato ante los equipos interdisciplinarios y psicólogos forenses.
A partir de los testimonios obtenidos en dicha pericia, la fiscalía solicitó las medidas restrictivas que derivaron en la captura de la madre, la tía y la abuela del menor. En el caso de esta última, una mujer de 77 años, la Justicia dispuso que cumpla con la medida bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a su avanzada edad. Además, en el marco de las pesquisas, también se investiga la situación del dueño de la finca o inmueble donde presuntamente habrían ocurrido los vejámenes.
Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y prendas de vestir, elementos que ya fueron incorporados al expediente judicial y que serán sometidos a rigurosas pericias técnicas.
El rol de la investigación y la situación del padre
Desde la órbita judicial se remarcó que las detenciones no constituyen una condena ni una declaración definitiva de responsabilidad penal, sino medidas cautelares para asegurar el avance de la investigación. El objetivo central de la Fiscalía es determinar el grado de responsabilidad, conocimiento o participación directa que cada una de las detenidas pudo haber tenido en los hechos denunciados.
Este movimiento judicial se produjo en paralelo a otro hecho de alto impacto en el expediente: apenas 24 horas antes de estas capturas, el padre del menor había recuperado la libertad. Su defensa legal había solicitado la excarcelación, medida a la que hizo lugar el juez de control y garantías, Diego Martín Vittar, al considerar que no existían riesgos procesales que justificaran mantenerlo privado de su libertad mientras continúa la instrucción.
Por su parte, el menor se encuentra resguardado y bajo atención especializada en Buenos Aires, mientras la causa sigue abierta con múltiples frentes de investigación orientados a esclarecer por completo el calvario sufrido por la víctima.
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