Juicio por YPF: ¿Cuándo deberá pagar Argentina el fallo que ya sobrepasa los USD17.000?

La Argentina podría verse obligada a desprenderse del 51% del capital accionario que posee en YPF, la mayor firma del sector energético nacional y un actor central en el impulso de Vaca Muerta y las futuras ventas de gas al exterior. Esta medida fue dispuesta por la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

La medida se tomo en medio del litigio iniciado hace más de una década por la nacionalización de la petrolera llevada a cabo en 2012, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Pese a lo contundente del fallo —sin precedentes—, aún se aguardan apelaciones y no se descartan tratativas entre las partes.

Ya en 2023, Preska había dictado una sentencia que obliga al país a desembolsar 16.000 millones de dólares como consecuencia de errores en el proceso de expropiación, cifra que se incrementó en otros 1.000 millones por intereses acumulados. En esencia, la magistrada concluyó que el gobierno argentino actuó de manera irregular al abonar 5.000 millones de dólares a Repsol —la operadora española de YPF hasta entonces— sin contemplar los derechos del resto de los accionistas.

Aunque en su momento la expropiación pudo haber tenido fundamentos políticos e incluso argumentos financieros, su implementación fue defectuosa. Un punto clave dentro de esta compleja disputa legal ocurrió el pasado lunes, cuando la jueza ordenó que la Argentina transfiera a Burford Capital —el estudio jurídico británico especializado en demandas globales— el paquete accionario del 51% que aún conserva en YPF.

Burford es el principal favorecido por el fallo y titular de la mayor parte del resarcimiento estipulado. Frente a este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿qué pasos le quedan por delante al país en este proceso judicial?

Qué dijo la Jueza Preska

Tres párrafos del fallo de ayer:

• “Si bien la República exige que este Tribunal extienda la cortesía, al mismo tiempo se niega a hacer cualquier esfuerzo para cumplir la sentencia no suspendida del Tribunal”.
• “La República tiene varias opciones que puede perseguir legalmente: recibir el permiso del Congreso Nacional por dos tercios de los votos (para transferir las acciones de YPF), tomar medidas para cambiar la ley, o cumplir con la sentencia a través de un acuerdo separado con los demandantes”.
• “Por las razones expuestas anteriormente, la moción de los demandantes es CONCEDIDA. La República deberá transferir sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM [Bank of New York Mellon] en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de esta orden; e instruir a BNYM para iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones clase D de YPF a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta”.

La magistrada muestra un fuerte malestar con la actitud de la Argentina. Considera insuficientes las acciones del país y apunta, en el fondo, a que se abra una instancia de negociación con Burford. A lo largo de todo el proceso judicial, ninguno de los cuatro mandatarios que se sucedieron en el poder —incluido Javier Milei— dio señales de querer iniciar conversaciones formales con el fondo británico, ni durante el avance del juicio ni una vez dictado el fallo en su contra.

La apelación de Argentina en el juicio por YPF

El mandatario Javier Milei anticipó ayer por la tarde en su cuenta de X que el país recurrirá la decisión judicial. Lo hará con celeridad, ya que la jueza Preska estableció un plazo de 14 días para transferir las acciones.

Durante su declaración, Milei arremetió contra Axel Kicillof, actual titular del Ejecutivo bonaerense, y señaló que el fallo apunta directamente contra él. «Se trata de un disparate jurídico y de una intolerable intromisión sobre nuestra soberanía”, dijo el Gobernador, refiriéndose a quien lideró el proceso de expropiación hace más de una década.

Es muy probable que, al presentar la apelación, Argentina solicite un «stay» —una suspensión temporal de la resolución— ante la jueza o la cámara de apelaciones, buscando evitar embargos mientras se tramita el recurso. Para conceder esta medida, la magistrada podría exigir una garantía económica, estimada en unos 10.000 millones de dólares, según Sebastián Maril, director ejecutivo de Latam Advisors y experto en el caso.

Sin embargo, a finales del año pasado, Argentina rechazó ofrecer ese tipo de garantías debido a la falta de recursos o activos disponibles para respaldarlas.

“Sería deseable que la propia jueza suspenda los efectos de su fallo. Si no pasa, la Argentina quedará en situación de tener que aceptar o no la orden de un juez. Sería esperable que rápidamente, en días, se entre en una suerte de estado de ‘hibernación’ de este fallo hasta que la cámara decida”, destacó una fuente vinculada con el caso.

“Para no estar en desacato hay que acatar la orden: pagar USD 16.000 millones o arreglar con Burford. Pero sería ridículo porque está la decisión de la cámara pendiente y también la apelación de la cuestión de fondo”, agregó.

¿Cuándo será el desembolso? Según una fuente vinculada al caso, “Burford habría pactado unos 4.000 millones de dólares con el gobierno de Macri. Ahora resta negociar, aunque ellos acumulan cada vez más ventajas. No buscan quedarse con la compañía, sino recuperar su dinero.”

Aunque la fecha para el pago todavía parece distante, los plazos se acortan y la ausencia de diálogo, junto con posibles conflictos o desobediencias ante un tribunal estadounidense, podrían complicar otras relaciones, acuerdos o negociaciones internacionales del país.

Impacto

La reacción inmediata en el mercado local fue significativa. Las acciones de YPF retrocedieron hasta un 8% en Wall Street, mientras que los títulos de Burford en Londres se dispararon más del 20%. Es importante destacar que, en el fallo contra el Estado, la jueza Preska no involucró directamente a YPF. Por lo tanto, las pérdidas que sufrió la empresa ayer fueron consecuencia de las repercusiones indirectas y de la asociación de su nombre en el litigio.

La decisión judicial provocó una caída instantánea en el valor de los ADR de YPF en Wall Street, que tocaron mínimos cercanos a los 30 dólares. Sin embargo, al cierre, y con una leve recuperación, las acciones cerraron en 31,54 dólares, mostrando una baja del 5,6%.

El desplome no se limitó a YPF; el efecto contagio afectó a otras acciones tanto locales como internacionales, así como a los bonos soberanos, mientras que el dólar intensificó su alza, cerrando por encima de los 1.200 pesos en todos los mercados.

En la jornada de ayer, los operadores financieros debatían acerca de cómo esta resolución podría influir en las operaciones de YPF, una compañía en crecimiento que, impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, aspira a consolidarse como un actor clave en el mercado de gas natural licuado (GNL), con planes para exportar a través de terminales flotantes situadas en la provincia de Río Negro.

Lo que queda aún por definir

El eje principal de este proceso judicial es la apelación presentada por Argentina contra el veredicto inicial dictado por la jueza Preska. Se estima que la Corte de Apelaciones de Nueva York podría emitir una resolución en aproximadamente un año, considerando que aún quedan etapas pendientes, como la presentación de los argumentos orales.

Además, está pendiente la apelación presentada por la ONG Republican Action for Argentina (RAFA), que solicitó la anulación del fallo en el juicio por la expropiación, reclamo que la jueza Preska rechazó. Mientras tanto, en el tribunal de Preska continúan otras demandas promovidas por Burford, con la intención de generar presión mediática y persuadir al Gobierno para que inicie negociaciones.

Por ejemplo, se solicitaron embargos y se intentó probar que el Estado argentino y YPF actúan como una sola entidad, con el primero controlando las decisiones de la segunda.

Paralelamente, ciertos movimientos en la política estadounidense también han influido. Recientemente, la industria de Burford, especializada en financiamiento de litigios, enfrentó una fuerte sacudida cuando Thom Tillis, senador republicano de Carolina del Norte, propuso una ley que impondría un impuesto superior al 40% sobre esta actividad, lo que podría significar el colapso del negocio para estas empresas.

Se trataba de una iniciativa paralela a la «One, big, beautiful bill» impulsada por Donald Trump, pero aparentemente al mandatario estadounidense no le agradó en absoluto. Finalmente, el proyecto fue desechado y Tillis, quien nunca estuvo en sintonía con Trump, confirmó que no buscará la reelección.

Más tarde, la jueza Preska, vinculada al Partido Republicano, emitió un fallo que afecta a Argentina y a la propiedad accionaria que posee en YPF.