Los diputados de LLA recibían información de un represor multicondenado

Jaime Lamont Smart fue juez de la Cámara Federal en lo Penal –que se dedicó a perseguir a los militantes de los años ‘70– y ministro de gobierno de la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Desde 2012, acumula sentencias a prisión perpetua porque todas las comisarías bonaerenses que funcionaron como centros clandestinos de detención estaban bajo su órbita. “Jimmy” –como lo conocen sus amigos– tiene un récord: ninguno de esos fallos están firmes. A sus 89 años y en la comodidad de la prisión domiciliaria, Smart tiene tiempo para escribir: sus insumos contra las causas de lesa humanidad llegaron a manos de los diputados que el 11 de julio pasado fueron a reunirse con Alfredo Astiz y el resto de los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza.

El 14 de marzo se hizo la primera reunión entre abogados interesados en hacer tambalear las causas por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado y los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que empatizar con el tema. Todos ellos, reunidos a partir de una iniciativa del cura Javier OIivera Ravasi, que puso la sede de su fundación, San Elías, a disposición. El encuentro se hizo en la casona de Montevideo 871.

Un día antes de la reunión, el abogado Enrique Munilla compartió un archivo de texto con el título “Causas escandalosas” y explicó que era un insumo que enviaba Smart, que estaba al tanto del encuentro. Munilla es abogado de Smart y fue también funcionario de la dictadura en la provincia de Buenos Aires. Como marcó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), integró la defensa del dictador Leopoldo Fortunato Galtieri en el Juicio a las Juntas Militares.

En su informe, Smart se queja de que hay “injusticias judiciales” en los casos de “enfrentamientos” por los que terminan condenados militares y policías. “No nos referimos a los casos donde se trató de disimular ejecuciones con simulacros de enfrentamientos, fáciles de distinguir porque en estos no se registraban bajas propias, ocurrían en lugares despoblados sin testigos y, generalmente eran informados a la opinión pública por comunicados oficiales”, concede en su libelo al que tuvo acceso Página/12.

Según Smart, la justicia federal niega que las fuerzas tuvieran facultades para perseguir y reprimir al “terrorismo”. Se queja de que en la Cámara Federal de La Plata solo se reconoce a un “demonio, el militar”. Además, afirma que todo obedece a una motivación muy clara: “la condena de un uniformado más, la de convertir a los terroristas en víctimas y posibilitar a sus deudos y letrados, en connivencia con los contratados como querellantes por la Secretaría de DDHH de la Nación, acceder a las indemnizaciones dispuestas para las víctimas de los hechos del 70”.

¿Cuáles son los hechos sobre los que Smart siembra un manto de sospechas? En primer lugar, en el ataque a la casa de la calle 30 del 24 de noviembre de 1976. En ese operativo fueron asesinados cinco militantes. Entre ellos, Diana Teruggi, que vivía allí con su marido Daniel Mariani y su hija, Clara Anahí Mariani. La beba desapareció ese día y su abuela, Isabel Chorobik de Mariani, la buscó hasta que falleció.

Smart también despotrica contra lo que él denomina el “caso del batallón de Comunicaciones de City Bell”. El 6 de septiembre de 1977, el Ejército atacó una casita prefabricada de Berazategui donde vivía una mujer con sus tres hijos y un compañero de militancia. Los dos adultos fueron asesinados. Los tres chicos fueron separados. A la mayor, de doce años, se la llevaron a distintos centros clandestinos –el regimiento de La Tablada, Vesubio y Sheraton– donde convivió con la muerte, la tortura y los abusos.

Otro de los operativos que Smart justifica es el que se hizo el 26 de septiembre de 1976 en la calle Mitre 1050 en el partido de San Martín. Allí fue asesinado Mario Roger Julien Cáceres, un militante uruguayo, y se llevaron a su compañera, Victoria Lucía Grisonas. La patota también trasladó a sus hijitos, Anatole y Victoria, al centro clandestino conocido como Automotores Orletti, regenteado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y que funcionaba como base del Plan Cóndor. Los dos chicos fueron después enviados a Montevideo y subidos nuevamente a un avión para ser abandonados en una plaza en Valparaíso, Chile.

Smart también apunta sus críticas hacia la judicialización del caso de Avenida Forest al 1010. El 14 de septiembre de 1976, hubo un operativo en el que fueron secuestrados Ana María del Carmen Pérez junto con su compañero Gustavo Gayá y fue asesinada Estela Moya. La pareja fue llevada a Orletti, donde estaba Ricardo Gayá, hermano de Gustavo. La patota se ensañó especialmente con Ricardo Gayá porque integraba la División Gremiales de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) y, para los represores, era un infiltrado del PRT-ERP. Todos fueron asesinados y sus cuerpos introducidos en tambores que fueron arrojados al canal de San Fernando. Ana María del Carmen estaba por dar a luz cuando fue baleada en la zona del abdomen.

El principal cuestionamiento que hace Smart –influyente en los tribunales– es que los perpetradores pudieron ser identificados por las actuaciones administrativas: porque fueron heridos y fueron atendidos en un hospital o porque recibieron condecoraciones. Para hacer esas identificaciones, fue fundamental el análisis de documentación burocrática –como la que analizaban los equipos de relevamiento en el Ministerio de Defensa, que fueron desarmados dos semanas después de que Smart hiciera saber sus críticas en el chat con los diputados oficialistas.

“Smart es uno de los ideólogos de la estructura de impunidad que han sostenido a lo largo de los años: desde las operaciones, el lobby judicial y el lobby político”, sostiene la abogada Guadalupe Godoy, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), que interviene en las causas de La Plata donde Smart es protagonista central. “La diferencia es que esta vez, con la difusión de los chats que hizo la diputada Lourdes Arrieta, lo estamos viendo de manera patente”.

Smart está actualmente pidiéndoles a los jueces que lo dejen mudarse al Calafate. Desde hace años está haciendo acopio de información. “Papá está recomendando a los que están presos, ya con cadena perpetua, que dejen información en algún lugar seguro con la indicación de que se conozca en 2040”, dijo Jaime Smart (hijo) a las periodistas Carolina Arenes y Astrid Pikielny, autoras del libro Hijos de los 70. Será entonces demasiado tarde para que las abuelas se reúnan con sus nietos. Como le pasó a “Chicha” Mariani, que nunca pudo saber dónde estaba Clara Anahí. 

Fuente Página12