La defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en la Causa Vialidad, descalificó y refutó todos los puntos de la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, y denunció un “apagón informativo” en torno al caso.
El abogado Alberto Beraldi utilizó la contraposición de las acusaciones de los fiscales con testimonios que se registraron a lo largo de tres años de juicio que, según su interpretación, demuestran que los fiscales “construyeron un relato” sobre la base de “mentiras”.
En reiteradas ocasiones, tras mostrar la acusación y contraponerla con documentación o las declaraciones de diversos testigos, Beraldi expresó: “fueron por lana y volvieron esquilados”.
Beraldi se preguntó cómo los fiscales pudieron construir la acusación sosteniendo que ninguno de los organismos de control, incluido el Congreso, cumplió con su función de controlar o lo hizo ignorando lo que según la imputación fueron delitos de asociación ilícita y defraudación en perjuicio de la administración pública.
“Han imputado claramente la violación de deberes a una enorme cantidad de legisladores sin que nadie diga nada. Todo el mundo lo escucha como si fuera una cosa natural”, se sorprendió Beraldi.
Junto con su socio, Ary Llernovoy, la defensa de Cristina Kirchner buscó derribar la acusación fiscal que pidió 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita que se benefició con la obra pública en Santa Cruz.
Beraldi lamentó que en el juicio, a contramano de lo que marca la ley, “hay que demostrar la inocencia” pero, así y todo, aceptó el desafío y arremetió contra la acusación fiscal.
“Han dicho mentiras inconmensurables… Si querían decirlas por lo menos hubieran investigado, pedido pruebas. Pero no, los únicos que pedíamos pruebas éramos nosotros, y nos las negaban”, se quejó.
Beraldi atacó el argumento de los fiscales que indica que el gobierno 2003 – 2015 recurría a los decretos de necesidad y urgencia (DNU) para reasignar fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para poder así “saquear” los fondos del Estado para favorecer a la supuesta asociación ilícita.
Así, el defensor de Cristina Kirchner exhibió documentación sobre todas las reparticiones que recibieron reasignaciones de partidas presupuestarias a través de DNU desde 1994 hasta la fecha, entre las cuales aparecen el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
“Si ustedes creen que estos son actos delictivos vayan pensando en devolver el dinero”, ironizó Beraldi.
La defensa también desmintió que se hubieran creado fideicomisos para la obra pública para evitar así el control por parte del Congreso.
Beraldi exhibió declaraciones de testigos del área de Presupuesto y de la Jefatura de Gabinete que desfilaron a lo largo del juicio que explicaron que sí había control del Congreso.
Al mismo tiempo, contestó a la afirmación de la fiscalía que sostiene que todo acto político de gobierno puede ser sometido al escrutinio de los jueces y, en este caso, observó una “desmesurada” asignación de partidas para la obra pública vial en Santa Cruz.
Beraldi explicó los alcances de la soberanía política surgida del voto popular y recomendó que, si se está en desacuerdo con las decisiones políticas de un gobierno, se exprese esa disconformidad en las elecciones.
Pero, en cuanto a las decisiones adoptadas por un gobierno elegido para ello, resaltó que no hay ninguna norma que regule o prohíba la asignación de fondos para la obra pública para tal o cual provincia.
Beraldi eligió ir punto por punto con las acusaciones de la fiscalía y la contrapuso con prueba documental (buena parte de ella, la misma que había exhibido Luciani y Mola), testimonios que se registraron a lo largo de los tres años de juicio e incluso segmentos de la exposición de los propios fiscales.
Con su tono medido, cortés y respetuoso, Beraldi habló de “errores”, “equivocaciones” pero también se preguntó en alusión a los fiscales: “¿cómo se puede mentir de esta manera?”.
También Cristina Kirchner apareció en los videos, especialmente para recordar que el Congreso –al que los fiscales sostienen que presionaba como parte del supuesto plan delictivo- le había rechazado la Resolución 125 sobre retenciones móviles a las exportaciones de soja.
Y también apareció para señalar que el responsable de la administración financiera y la ejecución del presupuesto es el jefe de Gabinete, pero ninguno de los cinco que se desempeñaron en sus gobiernos fue siquiera imputado en este juicio.
En reiteradas oportunidades, Beraldi se quejó porque los fiscales adjudicaron responsabilidad al difunto ex presidente Néstor Kirchner en la estructura que denuncian como “asociación ilícita” dentro del gobierno.
El abogado defendió la gestión de Kirchner, negó que hubiera existido delito alguno y remarcó: “no se puede imputar a un muerto”.
Beraldi dedicó la primera parte de su alegato –que comenzó a las 8.04- a describir el trayecto de una causa que tuvo su primera denuncia en 2008, otra en 2013 y una tercera en 2016, siempre en relación con los mismos hechos.
Tras recordar que 49 de los 51 hechos ya fueron juzgados y exculpados, Beraldi describió una supuesta maniobra orquestada desde el gobierno que asumió en diciembre de 2015 y sectores vinculados con la prensa y el poder para demonizar a la vicepresidenta.
El alegato se reanudará mañana a las 9 y Beraldi prometió sorprender al tribunal con la refutación a lo que los fiscales llamaron la “operación limpien todo”, que el gobierno de Cristina Kirchner habría ordenado en el final de su gestión.
“Si con lo que hemos explicado hasta ahora se han sorprendido, ni se imaginan lo que será mañana, cuando hablemos sobre ese hecho escandaloso, calumnias y mentiras, que los fiscales llamaron ‘limpiar todo’. Una mentira que pronunciaron para que la repliquen los medios de comunicación”, anunció.
“Si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean lo que tiene que ver con ‘limpiar todo’ no van a salir de su asombro”, insistió.
Tras la jornada de mañana, el alegato culminará el viernes próximo, cuando está prevista la palabra de Cristina Kirchner.
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