En el campo sigue la bronca con el gobierno de Milei por el negociado con las cerealeras que se quedaron con todo el beneficio de las retenciones cero, aún sin tener los granos que declararon, y ahora presionan para que les apliquen la «Ley Martínez Raymonda», una norma que habilitaría a cobrarle las alícuotas que se eliminaron por tres días.
Como contó LPO, el enojo del campo se debe a que las cerealeras liquidaron los granos que le habían comprado a los productores descontando las retenciones, o directamente declararon ventas de granos que no tienen y que comprarán más adelante cobrándoles a los productores las retenciones. El gobierno les dio un año para realizar las operaciones.
La bronca creció el jueves por la noche cuando el titular de ARCA, Juan Pazo, reconoció en un streaming que las cerealeras no tienen los granos de las DJVE que presentaron entre lunes y miércoles, y le recomendó a los productores que ahora ellos especulen. «Los productores están teniendo un beneficio de esta medida, se ve en el precio. Y si no están contentos con el precio, no vendan, defiendan el producto. Las exportadoras van a tener que comp… cumplir con sus compromisos de venta así que tienen una oportunidad enorme de hacer valer más lo que tienen», declaró, casi cometiendo un furcio y mencionando la palabra «comprar».
Apenas concretada la maniobra con las cerealeras, en el campo empezó a circular la idea de aplicar la ley 26351, conocida como «ley Martínez Raymonda», que obliga a los exportadores a demostrar que tienen el grano antes de declararlo. En la oposición se hicieron eco de esta norma diputados como Rodrigo de Loredo y Esteban Paulón, que pidió citar a Pazo.
Esa ley aprobada en 2007 apuntaba a evitar que ante una inminente suba de las retenciones las exportadoras declaren ventas sin tener comprado los granos. En caso de detectar que así lo hicieron, el Estado podría cobrarle la alícuota modificada. En el campo recuerdan que la ley se aplicó durante el gobierno de Macri cuando Dujovne restableció las retenciones.
Fuentes del sector confirmaron a LPO que el tema está en análisis en las entidades que integran la Mesa de Enlace, donde estudian si es factible pedirle al gobierno que aplique esta ley y castigue a las exportadoras. Sería una forma de intentar calmar la presión de las bases, donde están furiosos con el gobierno.
Pero el tema va más allá de las entidades y también se busca una presión por vía judicial. LPO accedió en exclusiva a una denuncia presentada ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas donde se denuncia «la connivencia» entre Milei, Caputo y las cerealeras, mencionando como parte del maniobra la publicación de una resolución donde se les da vigencia de un año a las DJVE y otra donde se les habilita a incluir embarques que hicieron antes del anuncio de retenciones cero.
En la denuncia a la que accedió LPO se menciona que los funcionarios podrían estar ser acusados de incumplimiento a los deberes de funcionario público por no aplicar la ley Martínez Raymonda.
El tema está en análisis en las entidades que integran la Mesa de Enlace, donde estudian si es factible pedirle al gobierno que aplique esta ley y castigue a las exportadoras.
En declaraciones al portal Agrofy News, el presidente de CIARA (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina) y CEC (Centro Exportador de Cereales), Gustavo Idígoras, dijo que la Ley 26.531 no es aplicable porque «no existe un cambio formal de alícuotas, solo suspensión temporal».Fuentes del campo admitieron a este medio que la norma apunta a cuando se produce una suba de las alícuotas y no a una suspensión como en este caso, pero ante el evidente beneficio de las cerealeras podría interpretarse que la maniobra afecta al espíritu de la ley. «Es una norma compleja y habitualmente judicializada. Hay que estudiar si es aplicable», dijo una fuente del sector, que agregó que «hubo mala praxis y negociados».
Fuente LPO
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