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«Pepín»: «Nunca integré la mesa judicial ni participé de sus reuniones»

Rodríguez Simón ratificó la existencia de esos encuentros para temas judiciales, apuntó a la AFI de Arribas-Majdalani y a sus "rivales internos" en el PRO y dijo que no puede ir preso "por las precarias condiciones penitenciarias en Argentina". La exigencia de confidencialidad porque podría complicar a otros exfuncionarios.
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En la segunda parte del análisis sobre la presentación secreta que hizo Fabián “Pepín” Rodríguez Simón con el propósito de trabar su extradición a la Argentina, el exoperador asume su participación desde 2014 en temas del juego -sin cargo formal-, se ufana de haber tenido éxitos en YPF y desliza que tiene enemigos entre las filas del macrismo. Admite que si él debe comparecer ante la Justicia, luego generará un efecto dominó sobre otros excompañeros de gestión y que no debiera ir preso por las malas condiciones carcelarias del país. Le apuntó a la AFI de Arribas, a la jueza Servini, y defendió a la “mesa judicial” a pesar de que dijo no haber participado. Collage de notas y odio a López y De Sousa.

El Juego

Rodríguez Simón afirmó ante la CORE y la Justicia uruguaya que en 2014 Macri lo puso a cargo de “supervisar” el juego en CABA. No hay registro alguno de designación ni cargo que le hubiese permitido actuar en el marco de la legalidad. Sostuvo que “logró” que en mayo de 2015 el GCBA “no renovara el turbio convenio con el Estado Nacional”. Se desconoce en carácter de qué fue aquel “logro”. “Impulsé el cierre de los cinco bingos que seguían abiertos en territorio porteño”, afirmó, luego, en lo que pareció ser un dardo a uno de esos posibles rivales internos, Daniel “Tano” Angelici, dedicado públicamente a la actividad. Volvió a mencionar su sociedad con Grabois para el Registro Nacional de Barrios Populares.

Rememoró que representando a Macri demandó a Franco tras el escándalo de Panamá Papers luego de la aparición de dos offshore.

YPF

Sorprendió “Pepín” admitiendo que trabajó junto a Bernardo Saravia Frías -otro de los sindicados como integrante de la mesa judicial- para revertir un juicio iniciado por “la sociedad española Petersen”, escribió.

Desgracias

Pero Rodríguez Simón ubica el origen de sus desgracias “desde que comencé a actuar en política, probablemente por ser un outsider y no respetar algunas modalidades, fui víctima de varias maniobras que incluyeron denuncias penales y dos procesamientos arbitrarios”, y que hubo pegatinas con su cara denunciando su situación, supuestamente para perjudicarlo. Esto, habría “magnificado mi importancia, generándome rivales internos y odios externos”, convirtiéndolo en un “objetivo simbólico”. No se explica cómo si había atravesado procesos judiciales previos, la situación ahora sería distinta y debía evadirse de la justicia, en este caso. Tampoco quiénes serían los “rivales internos”. ¿Acaso sospecha que sus desventuras están fogoneadas por integrantes del PRO? Lo deja entrever pero no profundiza.

“Persecución” a Macri

Todo enmarcado en el supuesto de una persecución (de lo mismo sobre lo que se lo acusa) pero a Macri y sus funcionarios, “Pepín” se embarca en caracterizar las denuncias que recibieron al dejar el cargo y denomina “tránsfuga” a Leopoldo Moreau, adjuntando para ilustrar tapas de la revista Noticias. Diferencia los procesos y señala que en general “no se trata de denuncias de corrupción sino por incumplimiento de los deberes de funcionario público o desbaratamiento de derechos” (sic). Dice que todo esto cumpliría un objetivo de igualar a Macri con Cristina de Kirchner y se mete de lleno en la causa Correo de la familia del expresidente y su canon adeudado. Se mete con el acuerdo con el FMI y la querella por la toma de deuda por parte de la Procuración del Tesoro.

Arranca en lo mediático, apuntando a los medios de Indalo incluido Ámbito, pero apunta además al Grupo Octubre y a América 24 mencionando a los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano en su escrito. Los ubica cercanos a Alberto Fernández. Todo eso para detenerse en el caso Oil Combustibles, cuyo epílogo derivó en la absolución de Cristóbal López y Fabián De Sousa de los delitos atribuidos por la administración macrista. Llega al punto de defender la excarcelación de ambos empresarios ya que su prisión preventiva “obedece en mi opinión a las prácticas extorsivas de cierto grupo de jueces federales”. Lo que no se explica es si la causa la impulsaron como querellantes integrantes del gobierno de Cambiemos quién ejerció extorsión sobre quién. Un garantista.

“Creen que Macri estaba detrás de las consecuencias procesales de la denuncia” dijo “Pepín” sobre el tema, para luego acusarlos de que cuentan con el expertise de “comprar voluntades” en la justicia. Eso iría de bruces con los 22 meses que pasaron en prisión ambos. Todos los demás condimentos contra López y De Sousa están antecedidos por presuntos “trascendidos” de periodistas a los que “Pepín” presta atención.

Extraña defensa

Rodríguez Simón señala que teme una prisión preventiva que sería “excesiva” para la “conducta antijurídica que con mayor claridad se me imputa (amenazas o presiones)”. “Dadas las precarias condiciones penitenciarias argentinas, la explícita animosidad y el deseo de venganza en mi contra de mis poderosos e influyentes perseguidores y la situación derivada de la pandemia en las cárceles argentinas me hacen temer también por si seguridad personal en caso de que me vea privado de mi libertad en una prisión argentina”, afirmó en un insólito párrafo.

La catarata de calificaciones negativas que dedica a López y De Sousa, “Pepín” las sustenta en un profuso collage de notas periodísticas -la mayoría ligadas al caso Oil entre 2016 y 2019 cuando era gobierno Cambiemos- como elementos de prueba. Entre algunos extractos de libros, su lectura atenta desmiente algunos de los puntos sobre los que Rodríguez Simón argumenta contra López, sobre todo en el juego, donde inexplicablemente decide hacer eje. De todas formas hace un punto: dice que su prisión “conjeturo que fue arbitraria”.

Arribas y la AFI

Como al pasar menciona que no tuvo relación con servicios de inteligencia y que “fueron públicas mis discrepancias internas con los funcionarios y políticos de Cambiemos a cargo del área”, apuntó directo contra el escribano Gustavo Arribas y Silvia Majdalani y reconoció un “desdén” por los jueces federales de Retiro. Incluyó como prueba de eso la referencia a la “única” reunión que tuvo con el camarista Martín Irurzun (de la que hubo un registro fotográfico) y que a partir de ello “fue utilizada para montar un relato delirante y atribuirme el rol de operador judicial”. Unas páginas antes, él mismo se autodenominaba “enlace judicial”. De todas formas, deslizó que con Irurzun se trató de “un encuentro público sobre asuntos privados”… No hubo mayor desarrollo.

Dijo que eso se aprovechó para esmerilarlo y vinculó a Alberto Fernández con el exespía Antonio Stiuso. Abundaron las quejas por posteos en Twitter de dirigentes y periodistas, además de quejarse de que se había revelado que iba rumbo a Uruguay el 8 de agosto de 2020 por un “emprendimiento comercial”.

Denuncia

Con un tono de escritura más agresivo que al comienzo, Rodríguez Simón le apunta a De Sousa por haberlo denunciado y sostiene que el abogado Beraldi es “amigo personal” del fiscal Guillermo Marijuan, con la intención de construir una gran confabulación en su contra. Pero en ese marco dio por válido el mensaje que le envió al abogado del socio de López, Joaquín Labougle: “que arreglara sus honorarios porque había comenzado la guerra”. Inmediatamente quiso ligarlo al tema del juego y los Ingresos Brutos por la actividad y que de ninguna forma significaba “el exterminio del Grupo Indalo”.

Allí es donde comienza a quejarse de las medidas aprobadas por Servini: entrecruzamiento de llamados (que se hicieran públicos) y acusó a Juan Tomás Rodríguez Ponte -titular de la Dajudeco- de haber aportado el elemento técnico por ser “el yerno del secretario que maneja el juzgado” y ligarlos a ambos con los servicios de inteligencia. Párrafo aparte son las consideraciones que hace sobre la jueza, a la que ataca principalmente por su edad.

Mesa judicial

Autodenominado como una especie de leading case judicial, “Pepín” se pone al comienzo de lo que sería una hilera de exfuncionarios macristas a los que apunta la justicia y que el objetivo simbólico de su detención sería también por su cercanía a Macri, Rodríguez Larreta, PRO, CC y el Grupo Clarín entre otros. Esa enumeración contrarresta el argumento de la persecución política porque lo ubicaría junto a buena porción de los agentes de poder más relevantes de la Argentina.

“Nunca integré la mesa judicial ni participé de las reuniones que mantenía”, soltó Rodríguez Simón en las conclusiones de su presentación. Es decir, que confirma la existencia de una, algo que todos los exfuncionarios de Macri han procurado desmentir. “Pepín” dice no haberla integrado pero que se reunía “con propósitos legítimos”, porque no trató de influir ni de operar con jueces.

Sin embargo agregó: “aunque solicito el refugio en territorio uruguayo por el fundado temor de perder mi libertad en forma inminente, considero oportuno y conveniente mantener en la mayor confidencialidad tanto mi solicitud como los fundamentos de la misma”. Aparentemente, argumentó que si se conocieran estos motivos aumentaría el riesgo para “libertad y seguridad” de otros exfuncionarios del gobierno macrista. Crease o no, justificó su requerimiento para ser refugiado en el asilo concedido en Argentina a Evo Morales y homologó situaciones, además de apelar a la “larga y generosa tradición uruguaya de asilo político”. “Pepín” se esmeró en dejar en clara su preocupación ya que reitera en todo el escrito la vigencia del “pedido de no devolución”. Eso implicaría que Uruguay lo regrese a la Argentina para cumplir con el llamado judicial.

El último de los anexos de la farragosa documental con la que tapizó el juzgado contiene -de manera paradójica- la nota de La Nación respecto a los presuntos $8 mil millones adeudados a la AFIP en la causa Oil Combustibles. Obviamente, la presentación es anterior a los fundamentos expuestos por el Tribunal Oral que pulverizó ese artículo y gran parte de la acusación calificándolo como un “cuento” .