Allí donde se presenta en el marco de la campaña electoral, pero sobre todo cuando su auditorio está conformado mayoritariamente por empresarios, Javier Milei pide el voto para La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de “continuar con las reformas” iniciadas en los primeros días gestión. Todas ellas enmarcadas por el ajuste de las cuestas públicas y la motosierra.
Con la elección del 26 de octubre, el Presidente pretende conformar un bloque legislativo de al menos un tercio de las cámaras, a fin de garantizar que desde diciembre el Congreso quede neutralizado para rechazar sus vetos y sus megadecretos de necesidad y urgencia con los que quiere gobernar durante los siguientes dos años.
Las reformas libertarias, en concreto, dependerán de ello, especialmente de la emisión de DNU que permitirán a la gestión avanzar en dos frentes complementarios: la reforma tributaria y, muy especialmente, la reforma laboral, con cuya “necesidad” coinciden empresarios, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y hasta el Tesoro de los Estados Unidos.
La reforma laboral de Javier Milei.
Más allá de los matices, una ley o un decreto para llevar adelante la flexibilización laboral tan ansiada, une a un amplio arco político y económico de nuestro país; por ejemplo, los industriales, víctimas sistemáticas de las políticas implementadas por la administración libertaria (brutal caída del consumo, importaciones indiscriminadas, etc.).
A pesar de ello, los empresarios —sobre todo los grandes— no cejan en su respaldo a Milei; si algo les sirve de consuelo y los une al destino del Presidente, es la reforma laboral prevista para después de las elecciones legislativas. Mediante ley o DNU, sea como sea.
Los ejes de la precarización laboral que impulsará el Gobierno
El Gobierno Nacional ya tiene en carpeta un “borrador” de proyecto para avanzar desde el 27 de octubre con la flexibilización o “modernización” —como al oficialismo le gusta llamarla— de las relaciones laborales entre empleadores y empleados para “dinamizar el mundo del trabajo”, como suelen declarar altos funcionarios gubernamentales.
Obviamente, sus ejes transitan beneficios para las patronales en desmedro de derechos adquiridos por los trabajadores con el objetivo de “favorecer la formalidad”, según argumenta el oficialismo.
Y esos ejes son:
- Jornada laboral de 12 horas con un tope de 60 horas semanales.
- Creación de un “banco de horas”: las eventuales horas extras por encima de las 12 se compensan o “pagan” con horas libres de trabajo.
- Eliminación de las indemnizaciones por despido con o sin causa, siendo reemplazadas por un fondo de cese laboral al que aportan empleados y empleadores.
- Imposibilidad de realizar juicios laborales, incluyendo los motivados por abuso patronal.
- Eliminación de los Convenios Colectivos de Trabajo.
- Contratos individuales entre partes suscritos en cualquier moneda.
- Fechas y períodos de vacaciones a merced del empleador: decide cuándo otorgarlas e incluso puede fraccionarlas.
Fuente Minutouno
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