Se viene un profundo cambio en el negocio de las inmobiliarias y se encendió la polémica

Durante las últimas horas reina el nerviosismo y la preocupación en distintas entidades que nuclean a profesionales del sector inmobiliario porque que si bien aún no hay ningún anuncio oficial, los rumores sobre una desregulación de la actividad a través de un decreto en el que estaría trabajando el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado prendió las alertas en la mayoría de los Colegios Públicos de Martilleros y Corredores, quiénes ya salieron al cruce.

Todo indica que más temprano que tarde, los colegios profesionales deberán coexistir con «agentes inmobiliarios» que podrían operar con certificación a través de cursos y capacitaciones pero sin la necesidad de matriculación obligatoria.

Cambio de altísmo impacto para la actividad inmobiliaria

El eje del debate está puesto en la necesidad de los colegios profesionales. ¿Cuál es su función? ¿Son realmente indispensables? ¿Es necesaria una entidad que ordene la actividad? El martillero público Federico Vinelli cree que sí: «Está bien que el gobierno quiera agilizar y destrabar temas burocráticos pero tiene que haber un tipo de control. Además, los colegios profesionales no tienen solamente un rol de contralor ni son burócratas que recaudan, sino que capacitan, asesoran en temas impositivos, jurídicos y contables», sostuvo.

En caso de avanzar, el alcance del decreto es muy potente ya que no haría falta estar colegiado para ofrecer servicios inmobiliarios. El interrogante principal es, dado que la actividad inmobiliaria involucra bienes inmuebles que en muchos casos representan el único patrimonio de una persona o familia, si no es demasiado riesgoso dejar esta tarea en manos de alguien con una capacitación insuficiente.

«La compra, venta o administración de propiedades requiere conocimientos técnicos, legales y comerciales que garanticen operaciones seguras y transparentes. La falta de regulación y control podría exponer a los clientes a fraudes, errores contractuales o malas prácticas que pongan en peligro su patrimonio. Si bien la reforma no apuntaría a eliminar los colegios, permitiría que la actividad se pueda ejercer sin pertenecer a ellos. Con esta reforma el gobierno parece querer incentivar la competencia y reducir costos para compradores y vendedores. No queda claro, sin embargo, cuáles serían los costos que reduciría», señala la Martillera Pública Fernanda Emanuel.

Otra de las modificaciones posibles es la desaparición del rol sancionador de los Colegios Profesionales, transfiriendo la regulación del sector a la Justicia Ordinaria. «Un cliente que tuviera un inconveniente con una inmobiliaria solo podría recurrir a la justicia ordinaria, lo que implicaría un proceso más complejo, costoso y lento. Sin un colegio que regule la actividad, tampoco existiría un sistema de sanciones disciplinarias para quienes incumplan normas éticas o profesionales, dejando a los clientes en una situación de mayor vulnerabilidad y desprotección«, señaló la martillera pública.

A lo largo del jueves, fueron varias las entidades que, a través de comunicados oficiales, rechazaron el posible decreto. Así lo hizo el Colegio Inmobiliario de CABA que, en su pronunciamiento oficial sostuvo que, «ante los infundados textos en los diarios referidos a rumores de un eventual decreto que eliminaría la obligación de matriculación ante los colegios profesionales inmobiliarios y permitiría actuar a agentes no profesionales, manifiesta su firme oposición y reafirma la importancia de los colegios inmobiliarios en todo el país para evitar malas prácticas en el ejercicio del corretaje inmobiliario». Además, se manifestó en contra de «quienes ejercen la actividad por fuera de la ley» por promover «el descontrol en el corretaje inmobiliario».

La actividad inmobiliaria, dicen, «es una competencia originaria de las provincias y no fue delegada a la Nación, por lo que resulta llamativa la desinformación que se está volcando a la opinión pública». La conclusión es aún más contundente: «La pretendida derogación sería un retroceso porque la falta de profesionalización de la actividad no reduciría costos, sino que trasladaría gastos ocultos a los consumidores mediante intermediarios no regulados. Lejos de fomentar la competencia, incentivaría el caos en un sector estratégico para la economía».

A favor de la desregulación: menores costos y más competencia

Jorge Amoreo Casotti, CEO de Proptech Pint, afirmó a iProfesional que la desregulación de la actividad es acorde al nuevo rumbo de la Argentina en la que no hay lugar para «un mercado inmobiliario oprimido». Además, considera que en la situación actual «los profesionales del sector están desprotegidos, sometidos a organismos dominados por intereses corporativos que monopolizan las decisiones fundamentales de la industria. Al descentralizar estas funciones, dichas entidades deberán competir con base en su prestigio y con incentivos alineados a la mejora continua de su desempeño. Y, en última instancia, siempre quedará la justicia ordinaria como garantía de protección y resolución de conflictos».

Otra de las voces a favor es la de Mariano Garcia Malbrán, Presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) y de Keymex, quién afirmó de manera categórica que «los colegios de martilleros son un ente que recauda dinero y no brinda nada a cambio». Además, consideró una «exageración» la obligatoriedad de contar con un título universitario para poder inscribirse. «Somos el único país del mundo que exige una carrera universitaria y lo que se necesita es un mayor acceso para poder trabajar pudiendo rendir un pequeño examen y sin que el estado intervenga en esta actividad».

Sobre la figura del martillero público consideró que no tiene porque estar colegiado, porque se trata de un rol puramente comercial. «El mercado está dividido entre los profesionales tradicionales que renegaban de la innovación y los que se dieron cuenta que la tecnología puede sumar en el rubro. En las carreras de formación actuales no te enseñan lo comercial, ni como publicar en redes o en un portal, son formaciones alejadas del mercado», sostuvo. Además, no considera que la eliminación de la obligatoriedad de estar colegiados sea una desprotección para los usuarios porque «lo único que hace un martillero es mirar la escritura y ver que la propiedad no tenga embargos y arma un negocio jurídico con documentos clichés. Algo que puede hacer perfectamente la justicia ordinaria».

Las nuevas tecnologías abrieron el debate. Otros países, como España, ya funcionan bajo el modelo desregulado. En la Argentina, la desburocratización está en marcha y habrá que ver cómo se adapta un rubro tan tradicional como el inmobiliario a los imperativos del libre mercado.

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