El Tribunal departamental de Justicia de La Paz, Bolivia, ordenó este viernes la atención inmediata de la expresidenta de facto Jeanine Áñez, incluso contra su voluntad, luego que se registraran incidentes en las inmediaciones del Centro Penitenciario de Miraflores al autorizarse su traslado a un centro hospitalario.
El juez Franklin Siñani Velasco, del Juzgado de Sentencia Penal Octavo, emitió el nuevo dictamen al precisar que “tomando en cuenta la urgencia que amerita el caso, la gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores debe instruir y efectivizar que los médicos de dicho centro penitenciario».
Esta medida debe ejecutarse «aun en contra de la voluntad de la accionante, garantizando el derecho a la vida de la privada de libertad, sin mayor demora, inicien inmediatamente el tratamiento de rehidratación u otros que sean requeridos”.
Para ello se deberán enviar, desde el Hospital de Clínicas al reclusorio, personal médico especializado, insumos y equipamientos necesarios que permitan reestablecer la condición de salud favorable de Áñez, quien cumple su décimo día de huelga de hambre.
Esta acción fue iniciada por Áñez en vísperas del comienzo del juicio oral en su contra por el caso Golpe de Estado, investigación que se realiza por su toma del poder de forma inconstitucional en 2019.
De acuerdo con su médico de cabecera, la condición de salud de la exmandataria de facto es estable, y no requería de atenciones médicas especializadas adicionales.
Ante esto, el magistrado acotó que “pese a que la misma se niega a recibir la atención médica y a alimentarse, corresponde asumir medidas activas desde la estación jurisdiccional”; en correspondencia al rechazo previo por parte de Áñez y su hijo a ser valorada por especialistas del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).
Con anterioridad, la Justicia boliviana había emitido una resolución en la cual los jueces exhortaban a la exmandataria, detenida desde el 13 de marzo de 2021, “a dejar la medida extrema de la huelga de hambre y dejar de atentar contra su vida”.
Los crímenes cometidos por el Gobierno de Facto en Bolivia dejaron un saldo de 38 fallecidos, fundamentalmente en las masacres de Sacaba y Senkata; así como centenares de bolivianos perseguidos y otros tantos que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos.
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