La flamante presidenta peruana, Dina Boluarte, nombró su gabinete, con el exfiscal anticorrupción Pedro Angulo como primer ministro, tres días después de haber asumido la jefatura del Estado en sustitución de Pedro Castillo, destituido y detenido tras haber disuelto el Congreso.
En una ceremonia protocolaria celebrada en el Palacio de Gobierno, Boluarte tomó juramento a Angulo como jefe de gabinete y a otros 16 ministros, de los cuales la mitad son mujeres, según reportó la emisora RPP.
No obstante, aún quedan pendientes los nombramientos de la cartera de Trabajo y la de Transportes y Comunicaciones, que deberían ser definidos en las próximas horas.
“La consolidación de la democracia, el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país, es la línea esencial de mi Gobierno”, dijo la mandataria en un mensaje a la nación, tras juramentar a su nuevo gabinete ministerial.
“Hago un llamado fraterno a la calma, a la tranquilidad y a la paz social. Evitemos conflictos que pongan en riesgo nuestra hermandad como peruanos”, agregó, ante las protestas en diversas ciudades del país que exigen elecciones anticipadas y un nuevo Parlamento tras la destitución de Castillo.
La incorporación de ministros con más perfil técnico que político, como reclamaba el Congreso, puede abrir espacio a la tregua que pidió esta semana Boluarte.
Angulo reemplaza en el cargo a Betssy Chávez, la primera ministra que renunció el pasado miércoles, cuando el exmandatario anunció la disolución del Congreso y la instalación de un «gobierno de excepción» en el país andino.
Abogado de profesión, el nuevo jefe de gabinete fue también decano del Colegio de Abogados de Lima y exfiscal superior en el Ministerio Público.
En las elecciones generales del 2021 trató de ser el candidato presidencial del partido de centroderecha Contigo, pero quedó fuera de carrera en medio del proceso.
En tanto, la abogada y diplomática Ana Cecilia Gervasi, quien se desempeñaba como viceministra de Relaciones Exteriores, fue nombrada al frente de la Cancillería; el excomandante general de la Policía Nacional César Augusto Cervantes como nuevo ministro del Interior; y el letrado y político Alberto Otáro asumió la cartera de Defensa, que ya había ocupado durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).
“La consolidación de la democracia, el Estado de derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad en el país, es la línea esencial de mi Gobierno”
Dina Boluarte
En el Ministerio de Economía y Finanzas fue designado el ingeniero económico Alex Contreras, quien era el viceministro de dicha cartera desde agosto del año pasado.
Boluarte declaró que, tras la ceremonia, comenzará los preparativos para visitar a Castillo, quien se encuentra detenido en la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), el mismo lugar donde cumple prisión el exmandatario Alberto Fujimori, y es investigado por el delito de rebelión.
La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional en Perú al disolver el Parlamento y anunciar un gobierno de excepción con suspensión de garantías constitucionales.
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un «golpe de estado» de Castillo.
La flamante presidenta mantuvo tres días de negociaciones con líderes de las bancadas de partidos de derecha presentes en el Congreso, ante el rechazo de la izquierda a sumarse a las conversaciones.
La decisión de gobernar hasta el fin del mandato de su predecesor, el 28 de julio de 2026, está en el origen de los nuevos problemas de Boluarte.
La demanda de nuevas elecciones se asocia con un abrumador rechazo al Congreso: según sondeos de noviembre, 86% de peruanos desaprueba a los legisladores.
La aparente lentitud en la toma de decisiones de la nueva mandataria destapó la olla de presión social, con marchas de regular magnitud y bloqueos de rutas en demanda de nuevas elecciones y la liberación del expresidente.
Boluarte, que no descartó ayer llamar a elecciones anticipadas en busca de una salida pacífica a la crisis política, hizo hoy un nuevo llamamiento a la calma.
«El respeto, el diálogo y la tolerancia son imprescindibles en democracia. La Policía Nacional me ha informado que anoche hubo 7 detenidos, además de 4 civiles y 4 policías lesionados en algunas protestas», informó Boluarte en Twitter.
«Hago un llamado a la calma y serenidad. El diálogo y entendimiento es imperativo», añadió.
Mientras tanto, esta tarde la mirada estaba centrada en una marcha en Lima convocada por colectivos de estudiantes, trabajadores y partidos políticos de izquierda tras los partidos del Mundial de Qatar 2022.
En el resto del país, los bloqueos de carreteras continúan por tercer día en las zonas del sur de los Andes, donde Castillo goza del mayor apoyo.
Sin embargo, los manifestantes no han crecido en número, consignó la agencia de noticias AFP.
En las regiones Ica y Arequipa continuaban bloqueados varios tramos de la Panamericana, la principal ruta que atraviesa el país de norte a sur, dejando decenas de buses y camiones de carga varados.
Cientos de personas que marcharon ayer por segundo día por las calles de Lima se enfrentaron a la policía en su intento en llegar a la sede del Congreso. La policía utilizó gases lacrimógenos para disolver la movilización, que dejó algunos detenidos.
Los sucesos provocaron que la policía anunciara la suspensión de vacaciones y permisos de su personal hasta «nueva orden».
Por su parte, la Fiscalía continuó interrogando este sábado a los exministros de Castillo por el presunto delito de rebelión.
El exjefe de Gabinete de Castillo Aníbal Torres anunció su «paso a la clandestinidad» por haber sido denunciado por el mismo delito.
Castillo intentó el miércoles disolver el Congreso, horas antes de que el órgano legislativo debatiera una tercera moción de destitución en su contra, que finalmente fue aprobada.
Tras su fracaso en instaurar un «gobierno de excepción», fue detenido por su propia escolta mientras se dirigía a la embajada de México en Lima a solicitar asilo político.
Fue puesto en prisión de forma «preliminar» por siete días, por decisión de la Fiscalía de la Nación, que lo acusa de rebelión.
En la base policial donde el expresidente está detenido por orden judicial, decenas de simpatizantes realizaban una vigilia y olla común en solidaridad y reclamaban su liberación.
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