Castillo busca salvar la elogiada reforma universitaria

El presidente de Perú, Pedro Castillo, tendrá en sus manos salvar a la elogiada reforma universitaria vigente desde hace siete años, tras el ataque que se le lanzó desde el Congreso por varios partidos, incluido el oficialista Perú Libre (PL).

“La educación superior es un derecho constitucional de la juventud. Debo decir que la reforma no puede retroceder: El Gobierno observará (no promulgará) la ley aprobada por el Congreso”, anunció Castillo el fin de semana sobre la decisión parlamentaria que generó otra ola nacional de repudio.

El analista político y profesor universitario Ramiro Escobar consideró, en diálogo con Télam, que el presidente “sintió la presión política y social” y decidió frenar la contrarreforma, a pesar de que PL también la apoyó y de que el propio jefe de Estado supuestamente había sido tibio frente al tema.

Escobar advirtió sin embargo que habrá que esperar lo que disponga el Ejecutivo, pues no se puede descartar que intente dar otras prebendas a empresarios de la educación de los que se da por hecho que están detrás de las acciones contra la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu).

Lo inmediato, sin embargo, será que la decisión de Castillo de observar la ley impedirá que entre en vigencia, con lo que la Sunedu tendrá aire para continuar sus tareas de fiscalización de la calidad de las universidades, las cuales ya derivaron en el cierre de 51 de 146 instituciones revisadas.

De pocas políticas públicas parecen estar tan orgullosos los peruanos, según encuestas, como de la reforma universitaria que arrancó en 2014, en el Gobierno de Ollanta Humala, cuando la educación superior, según los expertos, había quedado en gran porcentaje en manos de empresarios interesados solo en hacer dinero.

Al amparo de la legislación adoptada en la década de 1990 por la administración de Alberto Fujimori, que flexibilizó las normas al punto que era muy fácil abrir una universidad, en todo Perú nacieron centros privados que para los expertos estaban muy por debajo de los parámetros mínimos de calidad.

Simultáneamente, en diversas localidades fueron fundadas universidades públicas que tampoco reunían condiciones mínimas y que solo apuntaban a que políticos locales se congraciaran con sus electores en un proceso clientelar.

Para entonces, la potestad de aprobar universidades y de fiscalizar su nivel estaba en manos de los propios centros educativos, a través de la entidad que los aglutinaba, la Asamblea Nacional de Rectores (ANR). Es decir, esas instituciones eran juez y parte del proceso.

Las despectivamente llamadas “fábricas de títulos”, en muchos casos propiedad de políticos o allegados, tomaron cada vez más fuerza pese a las advertencias de expertos que denunciaban al esquema como una estafa para estudiantes que recurrían a esas instituciones por tener pensiones más accesibles.

La universidad Telesup, del entonces y ahora congresista José Luna, líder del partido de centroderecha Podemos, se convirtió en un emblema, después de que se descubriera que detrás de su ostentosa fachada central no había nada. Es decir, era solo un cascarón de edificio.

Fue en ese marco que nacieron la reforma universitaria y su principal expresión: la Sunedu. Con un directorio formado por expertos escogidos por concurso y un superintendente nombrado por el Ministerio de Educación, la nueva entidad comenzó una cruzada por la calidad de la oferta académica.

Las universidades tuvieron que reunir requisitos más drásticos y las que no lo lograron, como Telesup, fueron cerradas. A los alumnos de esas instituciones se les permitió terminar la carrera, si ya estaban avanzados, o pasar a otras ya aprobadas, en los casos de quienes estaban comenzando.

Según Escobar, el nuevo escenario permitió recobrar en gran parte el verdadero espíritu universitario. No obstante, los empresarios afectados, a través de sus aliados, estuvieron siempre al acecho de la Sunedu, a la que pretendieron eliminar con diferentes métodos.

Esta semana los congresistas creyeron encontrar el camino: la ley no acaba con la Sunedu, pero cambia la composición del directorio con el regreso de las universidades para ser mayoritarias y con el añadido de que el superintendente será colocado por la propia junta y no ya por el Gobierno.

En la práctica, según los críticos, se regresaría al esquema de la ANR. La intención, según el presidente de la Comisión de Educación del Congreso y principal impulsor de la ley, el activista evangélico ultraconservador Esdras Medina, es recuperar la supuestamente perdida autonomía de las universidades.

“Lo de devolver la autonomía es una idea marketinera y retórica que no tiene asidero, porque no se puede devolver lo que no ha quitado. No hay argumentos”, reaccionó el exministro de Educación Ricardo Cuenca.

 El Congreso, que según una encuesta de esta semana de la firma CPI tiene 12,7% de apoyo popular y 83,6% de rechazo.

La decisión del Congreso, tomada por lo que Escobar llamó “alianza contranatura” entre partidos que en otros temas están permanente enfrentados, como el marxista leninista PL y los derechistas radicales Fuerza Popular y Renovación Popular, generó una extendido rechazo ciudadano que incluyó movilizaciones estudiantiles.

“Este proceso (de la Sunedu) ha beneficiado a los estudiantes y a las propias universidades y ha favorecido el incremento cuantitativo y cualitativo”, dijeron en un comunicado conjunto 11 de las universidades públicas y privadas mejor valoradas en evaluaciones nacionales e internacionales.

El ataque a la Sunedu relegó a segundo plano por ahora otra ley del Congreso que empezó a generar reacciones: el despojo al Ministerio de Educación de la facultad plena de autorizar textos escolares, al darles protagonismo en el tema a fuerzas vinculadas con grupos religiosos ultraconservadores.

Por lo pronto, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, le pidió públicamente a Castillo que también observe esa ley, pues realmente, afirma, “pretende erradicar el Enfoque de Género del currículo escolar”.

El Congreso, que según una encuesta de esta semana de la firma CPI tiene 12,7% de apoyo popular y 83,6% de rechazo, y del que la misma medición dice que un 86% de ciudadanos quiere que se releve a la brevedad mediante un adelanto de las elecciones de 2026, siguió así en la mira de la opinión pública.