Chile: Fiscal abre investigación contra Sebastián Piñera por los Pandora Papers

La vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, dio a conocer la decisión de Jorge Abbott luego de cuatro días de análisis de los antecedentes. Con esto se indagará una nueva arista que buscará esclarecer si el Presidente Sebastián Piñera realizó u omitió gestiones, en su calidad de funcionario público, que pudieron incidir en la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas. Éste daba cuenta de la condición de un tercer pago de la transacción entre las familias Piñera y Délano que estaba sujeto a que no se declarara zona reservada el lugar dónde se construiría el proyecto.

Este viernes, y tras cuatro días de análisis de los antecedentes, el fiscal nacional Jorge Abbott firmó la resolución con la que formaliza la apertura de una investigación penal de oficio que involucra al Presidente Sebastián Piñera por la compraventa de la minera Dominga a la familia de Carlos Alberto Délano, que fue pactada el 10 de diciembre de 2010 en Islas Vírgenes Británicas. La decisión fue comunicada hoy por la vocera del Ministerio Público y jefa de la Unidad Anticorrupción Marta Herrera.

Entre los fundamentos para la apertura de esta causa por el eventual delito de cohecho está el que en 2017, cuando el exfiscal regional Oriente Manuel Guerra investigó al Mandatario en el llamado caso Exalmar no tuvo a la vista el contrato que fue publicado por Ciper y LaBot el domingo pasado, tras la filtración mundial de los Pandora Papers. Si bien hubo una arista que implicó al proyecto minero, esa sólo tuvo que ver con la decisión del Jefe de Estado de bajar Barrancones y un supuesto uso de información privilegiada, lo que fue sobreseído. Sin embargo, en esta oportunidad las diligencias se centrarán en la “tercera cláusula” del documento firmado en el paraíso fiscal y que no estaba en el expediente que fue tramitado hace cuatro años en el Ministerio Público. Ésta establecía que el último pago -de la venta de la familia Piñera a Délano- estaba condicionado a que el sector en que se emplazaría la mina no se declarara zona de exclusión. Por tal motivo es que la figura que se indagará es la de cohecho, soborno y eventuales infracciones tributarias.

“Lo primero que queremos informar es que el fiscal nacional Jorge Abbott con fecha de hoy, 8 de octubre, ha decidido abrir de oficio una investigación penal por los hechos asociados a la compraventa de la minera Dominga que estuvo vinculada a la familia del Presidente de la República. El fiscal nacional ha tomado esta decisión atendido a que los antecedentes podrían revestir caracteres de delito de cohecho, con su correlato de soborno, eventuales delitos de tributario, materias que en definitiva serán todas objeto de una investigación que, por decisión del fiscal nacional, atendida la complejidad y gravedad de los hechos estará a cargo de la fiscal regional de Valparaíso Claudia Perivancich”, informó la jefa de la Unidad Anticorrupción Marta Herrera.

La abogada entregó detalles del trabajo que realizó la unidad que dirige cuando el lunes Abbott les solicitó estudiar si en el caso Exalmar, que fue investigado por el exfiscal Guerra se había tenido a la vista los antecedentes revelados por los Pandora Papers. “El fiscal nacional para tomar esta decisión tuvo un informe que se nos había solicitado como unidad especializada anticorrupción que tenía relación con principalmente verificar si los hechos ya habrían sido investigados y por tanto habría recaído una decisión judicial a su respecto, que -como sabemos- es la decisión de sobreseimiento definitivo que recayó en una causa que en ese momento denominamos como caso Exalmar y que tenía una arista relacionada con la Minera Dominga. La Unidad Especializada Anticorrupción emite una opinión técnica y es que los hechos relacionados con la compraventa de la minera no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago del año 2017, esos hechos no estarían cubiertos por esa decisión y por lo tanto no estarían amparados en el efecto de la cosa juzgada y por lo tanto lo que corresponde ante esta decisión es investigar al Ministerio Público los hechos que revistan caracteres de delito”, detalló.

Herrera además se hizo cargo de las críticas a la labor del exfiscal Guerra respecto a que no se habría realizado una indagatoria exhaustiva cuando tramitó el caso en 2017. Al respecto, la vocera del Ministerio Público sostuvo que “la investigación que se llevó a cabo en su momento según los antecedentes que hemos tenido a la vista se refiere como ustedes lo saben a la adquisición de una empresa pesquera peruana que era Exalmar, eso por una querella interpuesta por en aquella época el entonces diputado Hugo Gutiérrez, esta querella luegoa se amplía que se refiere particularmente al hecho de que supuestamente el Presidente de la República habría realizado gestiones para detener la instalación de un proyecto distinto, una central hidroeléctrica Barrancones en el lugar que debía situarse Dominga, esos fueron los hechos investigados en su momento, pero los hechos que creemos que deben investigarse al día de hoy tienen que ver con las posteriores o coetáneas negociaciones relativas a la compraventa de la Minera Dominga. Quiero insistir, lo primero se refiere a que el Presidente supuestamente había intervenido para detener Barrancones con el objeto de que allí se instalara Dominga, hechos 2017, los hechos actuales que nosotros estimamos deben ser investigados corresponden a la compraventa de la Minera Dominga”.

Sobre si los hechos que se indagarán están prescritos o no, Herrera apuntó a que eso debe resolverse en la investigación y será la fiscal Perivancich quien lo analice.

También se le consultó por lo que sostuvo el abogado Juan Domingo Acosta, respecto a si el acuerdo de compraventa en español estuvo a la visa de Guerra, a lo que la abogada respondió que “sí, ese documento está incorporada efectivamente en los antecedentes, no era una línea investigativa porque, como señalé, en este momento lo que nosotros entendemos ahora de acuerdo al análisis de los antecedentes es que el fiscal a cargo se abocó a los hechos contemplados en la querella y en su ampliación (….) Ese acuerdo de octubre estaba incorporado en términos que son efectivamente muy similares a la redacción del contrato en inglés, pero con diferencias, por ejemplo, en relación al pago del precio. No es una diferencia en lo sustancial, pero sólo el contrato de Islas Vírgenes Británicas tiene una fecha cierta para efectos de materializar el pago”.

Fuente La Tercera y NODAL