Las designadas ministras del Interior, Izkia Siches, y de Justicia, Marcela Ríos, para el gobierno de Chile que asumirá este viernes anunciaron que una de las primeras medidas de la administración entrante será «el retiro inmediato de 139 querellas» presentadas a personas acusadas «en el marco del estallido social» de octubre de 2019.
Agregaron en un comunicado que se conformará una «mesa de reparación» para «las víctimas de derechos humanos» y que el Ministerio de Economía entregará apoyo a pymes «afectadas en el contexto de las manifestaciones».
Estas medidas eran parte de promesas de campaña del presidente electo, Gabriel Boric, que «busca» que la Ley de Seguridad del Estado «no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada».
Las querellas fueron presentadas por el Ministerio del Interior en el contexto del estado de excepción constitucional, por lo que hay personas detenidas desde el estallido social sin una condena definitiva.
La mesa de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos estará comandada por la subsecretaria de Derechos Humanos del gobierno de Boric.
También se anunció que el Ministerio de Economía apoyará a los «micro, pequeños y medianos comerciantes de sectores afectados en el contexto de las manifestaciones del estallido social, quienes sufrieron de forma directa daños severos en sus fuentes de trabajo.
De esta forma, Boric busca «reconstruir confianzas y avanzar hacia la paz social».
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