El Congreso peruano creó este martes, por unanimidad, una comisión investigadora sobre la vacunación irregular de un grupo de funcionarios, empresarios y otras personas ajenas a los ensayos clínicos del fármaco del laboratorio chino Sinopharm, lo cual desató una crisis desde el fin de semana.
La comisión investigadora tendrá un plazo de 60 días para indagar en el escándalo relacionado a la vacunación en secreto de altos funcionarios, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti y la excanciller, Elizabeth Astete.
De acuerdo a quienes sustentaron la presentación del documento el pedido «tiene la finalidad de aclarar qué ha sucedido en el gobierno del señor (Martín) Vizcarra por haber recibido la vacuna él, su esposa, su hermano», entre otros beneficiados.
Se trata de una comisión investigadora multipartidaria que determine las responsabilidades y a los involucrados en la inoculación irregular en el marco de la pandemia durante el segundo semestre de 2020, durante los ensayos clínicos de la vacuna.
Fue descartada una propuesta para investigar también los contratos de compra de vacunas contra la Covid-19, del laboratorio chino Sinopharm y otros, lo que, razonaron los legisladores, podría entorpecer las gestiones para adquirir más vacunas.
De hecho, el nuevo canciller Allan Wagner se pronunció por preservar las buenas relaciones con China y añadió que Sinopharm podría suministrar al país 12.000.000 de dosis de su producto.
Entretanto, el jefe de los ensayos clínicos de la vacuna de Sinopharm contra la Covid-19 en Perú, Germán Málaga, confesó haber vacunado en secreto a Vizcarra (2018-2020) y a su esposa con dosis destinadas para su equipo de científicos, sin calcular las consecuencias legales del acto.
«(Vizcarra) finalmente tomó una decisión y me pide dos vacunas, al día siguiente voy (al Palacio de Gobierno, en octubre); en ese momento sinceramente no me pareció un acto de ningún tipo fuera de contexto».
«Era el presidente de la República, yo soy médico de primera línea y sabía de la necesidad de protección y no pensé en ningún aspecto legal, ni político, ni hice ningún cálculo», dijo Málaga ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
La Fiscalía de Perú también abrió una investigación preliminar contra el exmandatario, a quien se le podría iniciar un proceso judicial por presuntos delitos de negociación incompatible o colusión, pues si bien no concretó acuerdos de compra con Sinopharm, participó de las negociaciones.
Fuente TeleSUR
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