El gobierno de Ecuador informó este domingo que envió 800 efectivos militares y policiales a la ciudad sureña andina de Cuenca, donde un motín en la cárcel de El Turi, iniciado esta madrugada y aún no controlado esta tarde, dejó al menos 19 muertos.
Después de las 18.30 (las 20.30 en la Argentina), la Fiscalía informo que la cantidad de víctimas fatales había ascendido a 19 y el ministro del Interior, general Patricio Carrillo, agregó que al menos cinco de los cadáveres estaban mutilados.
Carrillo dijo que los cuerpos hallados eran enviados al centro forense para su reconocimiento, proceso que demanda «entre una y dos horas».
El funcionario agregó que si bien ya no se registraban incidentes dentro del penal, aún había presos armados, según el diario local El Comercio.
La secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, aseguró que se estaba brindando «acompañamiento psicológico y psicosocial» a parientes de los presos, y que el gobierno ayudaría a los familiares de las víctimas para la adquisición de los féretros.
El número de víctimas fatales fue aumentando sucesivamente de 11 en el primer reporte de la prensa local a 12 y a 13 en los primeros partes oficiales, aunque estos advirtieron que era posible que hubiera más fallecidos.
Más temprano, Carrillo sostuvo que el motín se produjo porque “hay una organización que quiere tener el poder absoluto dentro del centro” y “hay unas células que se han rebelado”, según la agencia de noticias AFP.
“El amotinamiento no está controlado y las detonaciones continúan al interior de la cárcel de El Turi”, había reportado poco después de las 13 (las 15 en la Argentina) el diario local El Comercio en su cuenta de Twitter.
El periódico agregó que los uniformados intentaban «controlar a los presos con bombas lacrimógenas” y destacó que “la cifra preliminar” era entonces de “11 asesinados decapitados”.
El gobierno del presidente Guillermo Lasso anunció en un comunicado que “800 miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas fueron movilizados hasta el centro penitenciario para resguardarlo y controlar los hechos de violencia”.
Cuenca está situada a unos 470 kilómetros al sur de Quito.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) detalló que a la 1.30 “se activaron los protocolos de seguridad” en la prisión.
Lasso ordenó que se desplazaran hasta El Turi la secretaria Ordóñez; el ministro de Defensa, Luis Hernández, y el secretario de Comunicación, Eduardo Bonilla.
La Policía afirmó que había «desplegado unidades especializadas” en coordinación con el SNAI y las Fuerzas Armadas “para ejecutar acciones de control ante posibles incidentes”.
Carrillo advirtió que “el gobierno ejercerá las acciones para contener la irracionalidad y el radicalismo dentro de los centros” penitenciarios.
Vecinos del centro penitenciario afirmaron que escucharon múltiples detonaciones, como de disparos y bombas, y vieron cómo comenzaban a llegar patrulleros de la Policía Nacional.
También comenzaron a concentrarse en los alrededores del penal familiares de los internos, avisados por teléfono por ellos de lo que estaba ocurriendo.
El 23 de febrero de 2021, un motín en el mismo penal dejó 34 reclusos asesinados, la mayoría de ellos decapitados y desmembrados.
El Turi es uno de los complejos penitenciarios más grandes de Ecuador y en febrero pasado albergaba 1.708 reclusos.
Un informe de fines de 2021 detectó allí 12 fallas en los sistemas de seguridad y control, según El Comercio.
A fines de febrero, el gobierno anunció que invertiría este año 27 millones de dólares en la rehabilitación de presos y que indultaría a reos que hayan cumplido 40% de sus condenas, como parte de un plan para superar la crisis del sistema carcelario.
Ecuador enfrenta severos problemas en ese sector, que se manifestaron el año pasado con enfrentamientos entre bandas dentro de penales, que dejaron 331 muertos, lo que llevó al Ejecutivo a imponer 60 días de estado de excepción.
Con 65 prisiones con capacidad total para unas 30.000 personas, en Ecuador hay actualmente unos 39.000 reclusos, de los cuales 15.000 aún no tienen sentencia.
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