Por Andrés García
Al frente de la sede matriz del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el norte de Quito, simpatizantes de Pachakutik instalaron una gran carpa blanca, decorada con whipalas. Dicen que están en vigilia permanente para defender los votos de Yaku Pérez, su candidato presidencial, quien anunció medidas legales y administrativas en su carrera por entrar al balotaje del 11 de abril.
Este jueves 11 de febrero del 2021, antes del mediodía, Pérez arribó al CNE con megáfono en mano, acompañado de otros dirigentes indígenas. Desde el balde de una camioneta, el aspirante insistió en que supuestamente se orquestó un fraude en su contra. Pugna con Guillermo Lasso (Creo-PSC) por pasar a la segunda vuelta (ver gráfico).
Tras arengar a sus seguidores, Pérez presentó un oficio, dirigido a la presidente del CNE, Diana Atamaint, para pedir el recuento de votos en siete provincias. Solicitó esta medida en Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, El Oro y Bolívar. Dijo que han detectado inconsistencias en actas, pero no precisó en cuántas.
En la tarde, más conciliador, Pérez pidió que Guillermo Lasso liderara el recuento y anticipó que si se ratifican los resultados estará abierto a formar un frente. “Le invito a un diálogo en el CNE de Quito para solicitar, junto a los otros candidatos, la apertura de urnas y un conteo voto a voto”.
Y a las 18:15 vino la respuesta de Lasso que calma el clima agitado de estos días. “Quiero decirle a Yaku Pérez y a sus votantes que cuentan con mi apoyo a su pedido al CNE para que, dentro del marco de la ley, le brinde a él, a sus electores y al país la tranquilidad de que los resultados reflejan la voluntad de todos los ecuatorianos. Por lo tanto, acepto la invitación de Yaku Pérez para acudir a las 11:00 de este viernes al CNE en Quito, para conversar sobre el futuro del Ecuador, delante de los miembros del CNE y de los observadores internacionales”.
Atamaint ofreció levantar un informe con la viabilidad jurídica de la solicitud de Pachakutik. “Tenemos que ver el marco legal que sustente el recuento de votos y el número de actas que serán revisadas, si es el 100% o una muestra”.
La posición del consejero Luis Verdesoto es que se abran las urnas donde hay denuncias precisas, producto de la observación electoral. “Lo que no se puede hacer es abrir todas las urnas, porque alguien pierde”.
El Código de la Democracia faculta a las juntas provinciales electorales a verificar el número de votos de una urna, en tres casos específicos. Esto ocurre si el sistema detecta inconsistencias numéricas, cuando faltan las firmas del presidente o secretario de la junta receptora del voto, o si los sujetos políticos presentan reclamos, con las copias de las actas.
Carlos Aguinaga, del colectivo Voces por la Democracia, cree que se podría usar una fórmula estadística para hacer la verificación. “Me parece que es la salida (el recuento) ante el clamor de la ciudadanía de tener resultados confiables”.
Medardo Oleas, expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE), dice que el pedido de recuento total no tiene asidero jurídico. “Existe ya un procedimiento para revisar las actas rezagadas. Lo político no puede estar por encima de lo legal”.
Este jueves, 11 de febrero, Pérez se reunió con el contralor Pablo Celi, para pedir una “auditoría técnico-forense de las mesas y paquetes electorales”. Luego encabezó una marcha hasta la Fiscalía para ingresar una denuncia.
Pachakutik elevará recursos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas (ONU).
En contexto
Una vez que el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) instaló la sesión nacional de escrutinio, las organizaciones políticas pueden ingresar reclamos ante el organismo. También pueden interponer causas ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Fuente NODAL
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