La Corte Suprema de Estados Unidos acordó este viernes escuchar el recurso de una
ciudad de Oregón para aplicar las leyes locales contra las personas que acampan en la propiedad pública, abriendo una lucha legal sobre la crisis de los sin techo, que enfadó a los municipios de todo el oeste de Estados Unidos.
Los jueces aceptaron un recurso de Grants Pass, ciudad de unos 40.000 habitantes del sur de Oregón, contra el fallo de una corte inferior que consideró que las normas -que prohíben acampar en aceras, calles, parques u otros lugares públicos- violan la prohibición de la Octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos contra los castigos «crueles e inusuales».
Tres personas sin techo presentaron una demanda colectiva en 2018 contra Grants Pass, alegando que las leyes contra la acampada violaban la Octava Enmienda. Las infracciones pueden conducir a multas civiles, prohibiciones de la propiedad de la ciudad y enjuiciamiento penal por allanamiento.
Grants Pass alberga entre 50 y 600 personas sin hogar en la ciudad, y no hay suficientes camas de refugio para alojarlas, según los archivos judiciales.
La sentencia de la Corte de Apelación del 9º Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco, y otra dictada en Idaho, «han contribuido al creciente problema de los campamentos
en ciudades de todo el Oeste». Son decisiones jurídicamente erróneas que han atado de pies y manos a los gobiernos locales en su labor de hacer frente a la urgente crisis de los sin techo»,
declaró Evangelis.
La apelación de Grants Pass ha obtenido el apoyo de numerosas ciudades y estados del oeste, donde se aplica la decisión del 9º Circuito.
«La cuestión ante la corte es si las ciudades pueden castigar a los residentes sin hogar por el mero hecho de no tener acceso a un refugio», declaró Ed Johnson, director de litigios del Centro Jurídico de Oregón, que ayuda a representar a los demandantes que impugnan dichas normas.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, presentó un escrito jurídico en el que criticaba la decisión del 9º Circuito por socavar la capacidad de los parlamentarios para
forjar soluciones a la falta de vivienda, «dejando sólo las opciones más rudimentarias y fragmentarias para efectuar cambios durante una crisis nacional creciente».
Fuente: NA
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