Naciones Unidas informó este miércoles que verificaron 46 muertes ocurridas durante las protestas del Paro Nacional realizado en esa nación entre abril y julio pasados, y señaló que en 28 de esos casos los perpetradores fueron integrantes de la fuerza pública y en al menos diez estarían involucrados miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía Nacional.
En un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante la masiva movilización de trabajadores, campesinos, jóvenes y otros, la alta comisionada de la ONU, Juliette de Rivero, dijo que su oficina recibió información de 63 víctimas mortales, aunque solo pudo verificar la citada cifra, que supera los 29 casos que investigan las autoridades colombianas.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó al Gobierno del presidente Iván Duque a investigar todas las muertes y no solo las 29 que tiene a su cargo la Fiscalía.
De Rivero sostuvo que “los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza resultaron violaciones a los derechos humanos, tales como las privaciones arbitrarias de la vida por parte de la fuerza pública”.
Asimismo, se exhortó al Gobierno colombiano a gestionar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir en el futuro otras violaciones de derechos humanos.
Acerca de las víctimas, el informe precisa que hubo 44 civiles y dos policías. Añade que la mayoría eran jóvenes de entre 17 y 26 años, de condición humilde. El 76 por ciento de ellas murieron por heridas de bala.
Menciona que “actores no estatales habrían matado a diez personas, mientras que no existe información suficiente para establecer la autoría de la muerte de ocho personas”.
Agrega que el análisis de varios incidentes apunta a que hubo “uso inapropiado e indiscriminado de armas menos letales por parte de la Policía, en violación de los estándares internacionales”.
El Paro Nacional contempló masivas movilizaciones que se prolongaron desde el 28 de abril hasta el 31 de julio. Inicialmente se articularon en rechazo a la reforma fiscal, pero con posterioridad incorporaron demandas planteadas por los trabajadores al Gobierno en espacios anteriores, las cuales no fueron atendidas.
A través de las movilizaciones se exigió mejores condiciones de vida, la creación de empleos, la reforma a la Policía y la creación de garantías para ejercer la protesta pacífica, entre otras demandas. Al término del Paro se radicaron ante el Congreso Nacional diez proyectos de ley que buscan concretar aspiraciones populares.
Tras hacerse público el informe, la vicepresidente y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, llamó a la ONU a que no permita que representantes de la organización participen en activismo político.
En declaraciones a medios locales, dijo que “no podemos permitir que nos vengan a descalificar la institucionalidad y el Estado de derecho, sobre todo porque aquí hay políticos que están haciendo la política a costa de destruir la confianza ciudadana en las instituciones”.
La revelación de este informe acontece días después de que otro reporte acusara la responsabilidad de la Policía con las muertes de manifestantes durante las protestas de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, suscitadas tras la golpiza y asesinato por policías del joven abogado Javier Ordóñez.
Fuente TeleSUR
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