Según la Defensoría del Pueblo, entre los años 1996 y 2001, se realizaron272,028 operaciones de ligaduras de trompas y vasectomías en todo el país como parte de un plan del Ministerio de Salud (Minsa) en la gestión de Alejandro Aguinaga durante la dictadura de Alberto Fujimori. Se calcula que más de 2,000 mujeres fueron esterilizadas de manera forzada al ser intervenidas sin la debida información, con engaños o sin su consentimiento. Las víctimas consideran que este fue un caso de lesa humanidad, ya que afectó específicamente a un sector vulnerable de la población: mujeres campesinas, indígenas, pobres y quechua-hablantes.
En los últimos veinte años, las víctimas de esterilizaciones forzadas vienen superando obstáculos en la investigación y en las denuncias contra Aguinaga, Fujimori y otros funcionarios que serían responsables de estos crímenes.
Las esterilizaciones forzadas no son un mito. El Estado peruano ha reconocido la comisión de estos delitos a través del Plan Integral de Reparaciones para las víctimas de violencia sexual, recientemente aprobado por el Congreso en febrero pasado. Además, en el 2015, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) creó el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), con el objetivo de brindar asistencia legal gratuita, acompañamiento psicológico y la atención de salud integral de las víctimas.
A pesar de ello, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) dijo, en declaraciones a la prensa, que las no se deberían llamar “esterilizaciones forzadas” porque, según ella, esto era un programa de “planificación familiar“.
Recordemos también que, en el 2003, el Estado peruano reconoció su responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) por la esterilización forzada de Mamérita Mestanza, ciudadana que perdió la vida tras ser esterilizada sin su consentimiento, sin exámenes previos y bajo amenazas.
Familiares de víctimas de otros crímenes de la dictadura de Fujimori, como Gisela Ortiz, ya habían advertido sobre el negacionismo que persiste en el fujimorismo.
Gisela es hermana de Luis Enrique Ortiz, estudiante de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, secuestrado, asesinado y desaparecido en la matanza de La Cantuta, cometida por el Grupo Colina y por el que Fujimori ha sido condenado como autor mediato.
Fuente La Mula y NODAL
Recomendados
El Papa Francisco solicita una investigación sobre posibles crímenes de genocidio en Gaza
Una encuesta plantea un balotaje «altamente competitivo» en Uruguay
Arrestan en Chile a exviceministro del Interior acusado de presunto abuso sexual y violación