Por Luis Brizuela para IPS
LA HABANA – El anunciado reordenamiento monetario en Cuba se proyecta como otra de las estrategias gubernamentales para impulsar la recuperación económica del país, rescatar la confianza de los acreedores internacionales y ofrecer nuevas garantías para la inversión extranjera.
Postergado desde hace casi una década, el fin de la dualidad monetaria y cambiaria se considera inminente, aunque al brindar detalles sobre el tema el 12 y 13 de este mes las autoridades no precisaron la fecha exacta y solo indicaron que se oficializará el primer día de un mes no determinado.
Desde 1993 circulan en la isla dos monedas para compensar la devaluación del peso cubano (CUP), que será el que finalmente permanezca.
Primero se autorizó la utilización del dólar, el cual fue sustituido en 2004 por el peso cubano convertible (CUC), con un valor equivalente a la divisa estadounidense, pero con distintas tasas de cambio respecto al CUP.
Tal distorsión impide un análisis adecuado de la situación económica y financiera de las empresas, ni disponer de indicadores correlacionados con el mercado mundial, además de impactar en los salarios, precios y subsidios estatales a determinados servicios y productos.
Analistas concuerdan en que la dilación de la dualidad monetaria y cambiaria ha generado serias dificultades económicas, sociales y políticas.
El 16 de octubre, el medio estadounidense Bloomberg reportó que al menos 14 de los 22 países industrializados del Club de París, que aglutina a acreedores gubernamentales, valoraban aceptar para este año una moratoria de los pagos de esta nación insular del Caribe, tras el pedido de una prórroga de 24 meses.
Durante una visita a Rusia en septiembre, el viceprimer ministro y principal negociador de la deuda cubana, Ricardo Cabrisas, atribuyó al embargo de Estados Unidos, vigente desde 1962, y a los efectos de la pandemia, las dificultades para el pago a los acreedores.
En 2015, como parte de una renegociación, el Club de París condonó a Cuba 8500 millones de dólares, de los más de 11 000 millones que adeudaba.
El monto restante se reestructuró en cuotas anuales hasta 2033 y parte del dinero se asignó a fondos de inversiones en el país.
La deuda externa de Cuba rondaba los 18 200 millones de dólares en 2016, según los datos públicos más recientes; y desde entonces ha aumentado, según analistas.
“Cuba venía cumpliendo sus compromisos de pago, pero en 2019 se ahondó la crisis económica por el reforzamiento de las sanciones de Estados Unidos y presiones a navieras que transportaban el combustible, la caída de las exportaciones de azúcar y la cancelación de contratos de servicios médicos con algunos países de América Latina”, explicó a IPS el economista Omar Everleny Pérez.
En marzo, con la irrupción de la covid-19, se cerraron las fronteras, “y el turismo, un sector clave para ingresar divisas, se vino abajo. Creo que la decisión del Club obedece a la voluntad y comprensión de esa realidad”, valoró.
A juicio de Pérez, la posición de esta institución de concertación y negociación conjunta de los acreedores oficiales también responde a la estrategia económica y social aprobada el 16 de julio por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba, el único legal en el país.
Como aciertos de esa iniciativa, Pérez destacó la decisión de darle una mayor participación al sector privado, el incremento de los incentivos a los trabajadores, la reorganización de la agricultura, así como la eliminación de prohibiciones para que el sector no estatal importe insumos y exporte sus productos, entre otros.
Para el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez el aplazamiento de la deuda estaría relacionado “con un grupo de pautas que impone el Club de París”.
Entre ellas se incluirían “la exigencia de una apertura económica, brindar mayores niveles de seguridad a los inversionistas y que estos puedan asociarse y organizarse con los emprendedores nacionales, además del ordenamiento monetario y financiero”, enumeró Rodríguez al dialogar con IPS.
Debido a deformaciones estructurales se ha hecho muy difícil que la economía cubana funcione de manera natural, sin decisiones administrativas, reconoció el 13 de octubre en una comparecencia televisiva Marino Murillo, jefe de la Comisión para la implementación del programa llamado Lineamientos.
El programa de transformaciones para impulsar el desarrollo nacional, aprobado en 2011 y actualizado en 2016, dispuso eliminar la dualidad monetaria y cambiaria.
“Tenemos un sistema de precios que no da señales claras del mercado a los productores. No quiere decir que Cuba vaya a una economía de mercado, pero el mercado existe independientemente de la voluntad nuestra, y a los productores les tienen que llegar las señales de ese mercado”, analizó Murillo entre disímiles problemáticas.
“Cuba transita hacia un ordenamiento de políticas de administración pública y de la política económica… Son necesarias y hace falta hacerlas en medio del contexto que sea”, remarcó Rodríguez.
No obstante, “que se hagan más o menos rápido dependerá de múltiples factores, entre ellos, un cambio de la política de Estados Unidos (que) afectará el mercado interno cubano, no tanto al gobierno como a los consumidores y ciudadanos”, abundó el analista.
El candidato demócrata Joe Biden prometió desmontar las medidas punitivas contra Cuba adoptadas por el mandatario estadounidense Donald Trump, si resulta electo en los comicios presidenciales del 3 de noviembre.
Pero independientemente de quien triunfe en los comicios estadounidenses, “en Cuba existe un bloqueo interno cuya solución depende de las autoridades. Me refiero a la centralidad y verticalidad de las decisiones, a métodos de planificación obsoletos y trabas a las empresas que frenan sus potencialidades”, opinó Pérez.
Para el economista, con el reordenamiento monetario y cambiario, así como el desarrollo de las mpymes (micro, pequeñas y medianas empresas), entre otras decisiones, el país podría comenzar a revertir el decrecimiento económico que pudiera rondar el ocho por ciento del producto interno bruto en 2020, como pronostica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Una economía que prospera año tras año podría cambiar la perspectiva agresiva (de Estados Unidos) en su contra. Y diría más, el interés podría acrecentarse atrayendo capitales provenientes de un sector de la población cubana emigrada, para que participen en la nueva realidad”, redondeó Pérez.
El proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países iniciado en diciembre de 2014 y la mejora del clima político bilateral incentivó la exploración de oportunidades en la isla de compañías y empresarios estadounidenses.
Cuba dispone desde 2014 de una Ley de Inversión Extranjera y desde agosto, de una Ventanilla Única para agilizar trámites, dado que inversionistas han señalado dilaciones excesivas y burocratismo para la aprobación de los negocios.
Especialistas calculan que harían falta más de 2500 millones de dólares anuales de inversiones directas para lograr las tasas de crecimiento económico deseadas para el país.
Las autoridades han invitado a los nacionales emigrados a invertir “sin límites” en la isla, aunque también han reconocido que muy pocos se han animado a hacerlo.
Datos de la Organización Internacional para las Migraciones indican que más de 1,5 millones de cubanas y cubanos viven en otras latitudes.
A esos residentes en el exterior, que equivalen a 13 por ciento de la población de 11,2 millones que habita en el país, el gobierno les ha exhortado a aportar capitales para el desarrollo cubano como inversores extranjeros.
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