El reciente veto del presidente Javier Milei al proyecto de ley que aumentaba las jubilaciones ha reavivado el debate sobre la sustentabilidad del sistema previsional argentino. Mientras el gobierno argumenta que el costo de la medida es fiscalmente insostenible, diversas consultoras y especialistas señalan que el impacto real sería mucho menor de lo que se percibe.
El costo real del aumento
Según el abogado laboralista Ángel Nassif, las proyecciones que califican el aumento a las jubilaciones como un «desfase macroeconómico» son inexactas. En un análisis detallado, Nassif explicó que el impacto del paquete de aumentos debatido en 2024 y 2025 se estima entre un 0.45% y un 1.2% del Producto Bruto Interno (PBI) anual. Este rango, según el especialista, «no implica por sí una pérdida del equilibrio fiscal» si se administra con fuentes de financiamiento adecuadas. El mismo gobierno y varias consultoras han citado este rango en reiteradas ocasiones.
Nassif enfatizó que el gasto previsional total en Argentina ya se encuentra cerca del 9% del PBI. En este contexto, un aumento de entre 0.45% y 1.2% se considera «un ajuste acotado» y no un «shock» fiscal. El especialista agregó que, dado que la movilidad por IPC acompaña a la inflación ya ocurrida, su efecto no se suma indefinidamente, sino que se «capitaliza en base» cada año.
La Constitución y el debate legislativo
El especialista también hizo hincapié en el marco legal que sustenta los aumentos jubilatorios. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional establece el derecho a «jubilaciones y pensiones móviles». En ese sentido, Nassif argumenta que la movilidad que el Congreso busca establecer no es discrecional, sino que se enmarca dentro de un derecho constitucional que el Poder Ejecutivo debe respetar.
A pesar de que el gobierno fijó la movilidad mensual por IPC a través del DNU 274 en 2024 (y lo reafirmó en 2025), el Congreso aprobó proyectos de ley que recomponían un 7.2% adicional. Estos proyectos, aunque fueron vetados, contaban con cálculos técnicos prudentes del Observatorio de la Previsión Social (OPC) que ubicaban el costo extra en el 0.45% del PBI.
Datos clave del gasto previsional
Para comprender la magnitud del debate, es fundamental considerar algunos datos clave:
- Gasto previsional total: cercano al 9% del PBI.
- Déficit previsional (2022): 2.8% del PBI.
- Gasto contributivo de ANSES (2023): 5.7% del PBI, cifra que bajó desde el 6.8% en 2021.
- Seguridad Social: Constituye el 52% del gasto nacional.
Estos datos muestran que, si bien el gasto previsional es significativo, el costo adicional de los aumentos vetados es proporcionalmente pequeño en comparación con el presupuesto total. El debate, por lo tanto, no solo se centra en la viabilidad económica, sino también en el cumplimiento de los derechos constitucionales de los jubilados.
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