El titular del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, Sebastián Diego Arbibay, dispuso el viernes el allanamiento de las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de la capital provincial por pedido del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa capital, Pedro Eugenio Simón, quien recientemente imputó a una funcionaria y a dos funcionarios -uno de ellos, actualmente jubilado- por cohecho pasivo y asociación ilícita fiscal por la supuesta percepción de dinero a cambio de descargar boletas de deudas, levantar embargos de empresas y contribuir a la creación de usinas de facturación apócrifa, y a una cuarta persona que no trabajaba en el organismo pero que recibía dinero de las coimas en su cuenta bancaria.
En la causa, iniciada a fines de 2019, la fiscalía imputó a un total de 14 usinas apoc (tal la denominación para las facturas apócrifas) y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su secretaria.
Los allanamientos fueron autorizados y ordenados el viernes por el juez Argibay. Los procedimientos se realizaron en las oficinas de las personas que cumplen funciones en la AFIP de Santiago del Estero y en los domicilios de las nuevas personas imputadas, donde se hallaron cheques librados por las usinas ya imputadas, comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos de interés para la causa.
El caso
La investigación se inició en diciembre de 2019, luego de que la ex jefa interina de la Sección Penal Tributario de la AFIP, Dirección Regional de Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, denunciara la existencia de una organización criminal que, a través de la emisión de comprobantes apócrifos, habrían evadido una suma aproximada de 800 millones de pesos en concepto de saldo a ingresar de IVA e Impuesto a las Ganancias.
La fiscalía imputó en el caso a un total de 14 usinas apoc y a 22 contribuyentes socios de las empresas, junto al contador jefe de la organización y su secretaria.
A través de los peritajes telefónicos -realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero- al teléfono celular del jefe de la organización se hallaron conversaciones entre este y funcionarios del fisco nacional.
Luego de un exhaustivo análisis llevado a cabo por la Fiscalía Federal N° 1, en conjunto con personal de la UOF Santiago del Estero de la PFA, se detectó la existencia de un sistema de retribuciones monetarias indebidas, por las que el contador otorgaba grandes sumas de dinero al personal de la AFIP a fin de que estos cancelen embargos y permitan la inscripción de empresas “fantasma” al único fin de emitir comprobantes apoc.
La maniobra delictiva involucraba pagos en efectivo, realizados por el contador y en ocasiones por intermediarios, en la Agencia de la AFIP y en los domicilios particulares de los funcionarios. Asimismo, la entrega de dinero también se hizo a través de cheques librados por una usina comandada por el contador hacia la persona que prestaba su cuenta bancaria a la funcionaria y los funcionarios del ente recaudador, a fin de ocultar el cobro de estas sumas ilícitas.
La funcionaria imputada, quien presta servicios en la sección de recaudación, junto a dos empleados de la sección jurídica -uno activo y otro recientemente jubilado-, “regularizaban” deudas de contribuyentes existentes hasta alcanzar saldo “0”, tras el desembolso de vastas sumas de dinero de parte del contador. Los pagos individuales para cada una de las personas imputadas alcanzaron 200 mil pesos por cada trámite.
La funcionaria y los funcionarios fueron imputados por el delito de cohecho pasivo y como partícipes de la asociación ilícita fiscal, mientras que el intermediario fue considerado partícipe esencial en el cohecho y el contador autor del delito de cohecho activo, que se suma a las imputaciones previas por la comisión, en principio, de los delitos de evasión doblemente agravada y de ser el jefe de una asociación ilícita fiscal.
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