[Audio] «Hay amenazas de sacarles el plan social si no van al acampe»

Luego de que el Gobierno nacional afirmara que no quitará los planes sociales a las personas que participaron del acampe en la 9 de Julio la semana pasada, un grupo de diputados de Juntos por el Cambio llevaron una propuesta al Congreso.

Encabezados por Waldo Wolff, el texto de los legisladores de la oposición va en línea con lo que pidió el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien exigió castigar a los piqueteros con la quita del beneficio estatal no solo por la interrupción del tránsito sino también por la utilización de menores en la protesta.

“Junto a 15 diputados presente proyecto de ley para suspender planes a quienes cometan delitos o contravenciones durante protestas. El derecho a manifestarse no puede colisionar con el de circular y trabajar libremente”, se expresó el dirigente del PRO en su Twitter. Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro y Cristian Ritondo son otros de los firmantes.

Facundo Pérez Carletti, presidente del PRO local, se refirió al tema y señaló que estos planes sociales se remontan al 2001 en el medio de una tremenda crisis social que argentina pasaba por ese momento, pero que con el tiempo se han ido desvirtuando, por la falta de generación de empleo privado en el país.

En ese sentido señaló que estas herramientas de ayuda social, fueron capitalizadas por distintos movimientos, que con el tiempo se transformaron en agrupaciones políticas y utilizan los planes en actividades que no tienen nada que ver con la finalidad para los cuales habían sido creados.

«Hoy se ha tocado un límite y hay que actuar de alguna manera. El Ministerio de Desarrollo Social, que es el que pone los fondos, tiene que sacarle la posibilidad a la agrupación social, la potestad de darle de alta o baja los planes en lo inmediato. Porque lo que ellos expresan a la señora de barrio, es que si no van a hacer una pintada para un partido político, si no va a cortar una calle o a ser fiscal en las elecciones, se les saca el plan y esa gente que no tiene ingresos no le queda otra opción».

«Es grande la falta de control que hay. Porque así como hay personas beneficiadas con estos planes que realizan distintas actividades, hay otras que lo reciben pero no se la controla y no da ningún tipo de contraprestación por recibir esta ayuda».

«Hay que sacar la discusión ideológica del medio, no es de izquierda ni derecha, es sentido común. No se puede estar extorsionando a la gente porque es un delito. Puede ser poco dinero el dinero que recibe un beneficiario, pero sale de los argentinos que trabajan y que a través de los impuestos financian esto, no pueden cortar dos días la calle perjudicando a millones de personas que tienen que ir a trabajar. Es sentido común. El gobierno nacional tiene que iniciar un proceso de orden y cortar con la extorsión. Hay mucha gente que me llama y me dice «Facundo si yo no voy a hacer pintadas u otra cosa, me sacan el plan» «.

«Hay que ser sinceros, sacar esto de un día para el otro, no se puede porque la situación social es gravísima. Esto se empieza a ordenar en medida de que la economía argentina empiece a crecer, a generarse empleo y a la persona que cobra 17 mil pesos de plan social, le convenga ir a trabajar por más dinero».