El derecho a la educación de calidad se vio amenazado en tiempos de pandemia. Con
el cierre de establecimientos, los esfuerzos se concentraron en mantener las clases a distancia.
Sin embargo, las diferencias en el acceso tecnológico dificultaron el cumplimiento de las
enseñanzas y aprendizajes bajo modalidad remota.
A principios de Septiembre el Poder Ejecutivo emitió un decreto que considera a la
telefonía móvil y fija, internet móvil y fijo, y tv por cable como servicios públicos que requieren
un rol activo del Estado en la tutela de los mismos; lo cual significa un gran paso a la hora de
pensar políticas públicas que garanticen el acceso universal, independientemente del poder
adquisitivo de cada familia y de cada persona.
Fue un gran paso, pero todavía queda mucho por hacer como lo demuestran los
números del siguiente informe realizado en más de 11 barrios vulnerables1 de la ciudad
Capital, a más de 140 familias “extensas” (aquellas familias que conviven en la misma vivienda
y cuyo vínculo incluye a familiares directos e indirectos) dentro del territorio urbano. El trabajo
de recolección de datos, a través de encuestas, fue realizado en conjunto con el Área de
Educación Popular y Cultura de la organización territorial Barrios de Pie-Libres del Sur.
Bajo esos parámetros de análisis obtuvimos el primer dato contundente: 9 de cada
diez familias cuenta entre sus integrantes, al menos, a una persona en edad escolar que
efectivamente se encuentran escolarizados (desde nivel inicial hasta nivel terciario). Dentro de
las cuales el 87% corresponde a estudiantes en los niveles primarios (60%) y secundarios
(27%).
Esta mañana en Amanecer Exclusivo hablamos con Alejandra Monjes Rosales, titular del ISEPCI, y dió detalles de la investigación que llevaron a cabo en nuestra Provincia.
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