El economista de Política Obrera, Marcelo Ramal, brindó una entrevista a radio Exclusiva en la que analizó el veto presidencial a las leyes que aumentaban las jubilaciones y otorgaban una emergencia en discapacidad.
El economista comenzó su exposición aclarando que la ley vetada sobre las jubilaciones no se trata de un aumento, sino de la «devolución de un dinero que fue robado». Según explicó, cuando a principios de 2024 se modificó el sistema de actualización en un contexto de alta inflación, no se les reconoció a los jubilados el aumento correspondiente al mes de enero. «Esta ley implica la devolución del aumento del mes de enero», afirmó.
Ramal usó una analogía para ilustrar la situación: «Es como si un delincuente le roba un celular a alguien, y cuando la víctima se lo reclama, el ladrón le dice que devolverlo ‘desequilibra mi presupuesto familiar'». El economista enfatizó que el gobierno debe hacerse cargo de ese dinero sustraído ilegalmente, y que el problema «representa una discusión completamente falsa».
En cuanto a la disponibilidad de fondos, Ramal fue categórico: «Por supuesto que tiene». Puso como ejemplo el reciente aumento de la tasa de interés al 65% anual para remunerar a los bancos que no renovaban la totalidad de los vencimientos de deuda. «Esa remuneración implica sacar dinero de algún lado… el flujo de ese dinero duplica esta asignación o esta devolución a los jubilados», señaló. «El dinero está siempre cuando lo que está en juego son los intereses de los fondos de inversión y los especuladores de deuda», concluyó.
Para Ramal, la «ficción» del superávit fiscal de Milei-Caputo se ha caído. Sostiene que el gobierno recicla los intereses de la deuda en pesos, los cuales no aparecen en los números del Tesoro, creando una falsa sensación de superávit. En realidad, según el economista, el gobierno sí tiene un déficit financiero.
El economista cerró su intervención afirmando que las medidas de negarle recursos a las personas con discapacidad y a los jubilados son un «gesto político» hacia los acreedores de la deuda. «Lo que está en juego acá es ese gesto político de decirle a los acreedores: mirá hasta dónde estoy dispuesto a llegar», explicó. «Estoy dispuesto a que una persona con discapacidad no tenga la condición de pagarle a un prestador con tal de tener los recursos para pagarte a vos los intereses de deuda».
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