En una extensa defensa de la reforma laboral impulsada por el Gobierno Nacional, el abogado y referente de La Libertad Avanza, Tomás Figueroa, desestimó los planteos de inconstitucionalidad que resuenan en sectores opositores. Según Figueroa, la ley no viene a recortar derechos, sino a «blanquear» dinámicas de trabajo que ya existen y a frenar la distorsión de los montos indemnizatorios.
Litigiosidad: El peso de las ART y la vía administrativa
Ante la consulta sobre si la nueva ley aumentará los juicios, Figueroa fue tajante con las estadísticas: «El 70% de la litigiosidad laboral en Argentina proviene de las ART y no de las indemnizaciones por despido».
Para reducir el 30% restante, propuso que las provincias se adhieran plenamente al sistema nacional, otorgando carácter de «acuerdo definitivo» a las conciliaciones realizadas en sede administrativa (como la Secretaría de Trabajo). «Esto daría el impulso necesario para que los conflictos se resuelvan sin llegar a un juicio de años», explicó.
Flexibilidad: «El banco de horas ya es una realidad»
Uno de los puntos más debatidos, el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, fue defendido por Figueroa como una necesidad de la producción moderna.
- Ejemplos prácticos: Citó actividades como la siembra (donde se depende de la humedad del suelo), la minería, la pesca y la gastronomía. «¿Quién se toma hoy 20 días de vacaciones seguidos? Ni el trabajador ni el empresario. La ley ahora permite que las partes acuerden ese fraccionamiento legalmente», señaló.
- Compensación: Comparó la situación con la labor periodística o eventos deportivos que exceden las 8 horas: «Se trabaja más cuando la actividad lo requiere y luego se compensa con descanso. Esto ya funciona hoy en casi todos los rubros».
Indemnizaciones
El dirigente aclaró que la base de un sueldo por año de servicio se mantiene vigente para el cálculo indemnizatorio. «Lo que se modifica es la exclusión de multas o conceptos variables como horas extras del último sueldo para el cómputo, pero el sueldo de bolsillo por año se sigue respetando. Lo que se busca es que el empresario no pierda su Pyme por un cálculo potenciado por multas industriales», concluyó.
El debate por la constitucionalidad y el «derecho en expectativa»
Ante las críticas de sectores que aseguran que la nueva normativa laboral vulnera la Constitución Nacional y tratados internacionales, Tomás Figueroa fue enfático al señalar que existe una confusión conceptual entre lo que es un derecho consolidado y lo que es una proyección a futuro.
1. ¿Derechos adquiridos o en expectativa?
El referente de La Libertad Avanza calificó de «infamia» las versiones que indican que la ley quita beneficios ya obtenidos por los trabajadores.
«Los derechos adquiridos son intocables y no se pueden modificar. Sin embargo, el despido es un derecho en expectativa, no uno adquirido. Los contratos se celebran para que continúen en el tiempo», explicó Figueroa.
Aclaró que la base indemnizatoria de un sueldo por año de servicio se mantiene firme, aunque se eliminan las multas y ciertos adicionales (como horas extras del último mes) del cálculo final para evitar la «potencialización» desmedida de los montos que hoy cierran Pymes.
2. El «Banco de Horas»: Realidad vs. Teoría
Respecto a la flexibilización de la jornada y el fraccionamiento de vacaciones, Figueroa sostuvo que la ley simplemente viene a legalizar lo que ya ocurre en la práctica productiva:
- Actividades estacionales: Mencionó que en la siembra o la cosecha no se puede cortar la actividad por reloj si las condiciones climáticas (como la humedad) obligan a jornadas más largas que luego se compensan.
- Sectores específicos: Citó la minería, la pesca y la gastronomía como ejemplos donde el esquema de 8 horas rígidas es inaplicable. «En un shopping o un bar, se trabajan 10 horas un fin de semana y se descansa martes y miércoles. Esto ya funciona hoy y nadie se toma 20 días de vacaciones de corrido, ni el empleado ni el dueño», graficó.
3. El foco en las ART
Para Figueroa, el argumento de que la ley aumentará la litigiosidad carece de sustento estadístico. Según detalló, el 70% de los juicios laborales en Argentina no son por despidos, sino por conflictos con las ART.
Para reducir el 30% restante, instó a las provincias a adherirse a los mecanismos de Nación para que los acuerdos en la Secretaría de Trabajo tengan fuerza de «acuerdo definitivo», evitando que casos cerrados administrativamente terminen años después en los tribunales laborales.

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